La diputada Joanna Pérez, del partido Demócratas, ha presentado un innovador proyecto de ley que pretende modificar la normativa actual para cerrar la puerta a los imputados que, mientras cumplen arresto domiciliario, continúan lucrando a través de las redes sociales. Esta iniciativa surge ante la preocupante situación que se ha evidenciado en diversas ocasiones, donde individuos que enfrentan acusaciones de fraude o corrupción están aprovechando las plataformas digitales para generar ingresos, burlando así la justicia.

El proyecto modifica el artículo 7 de la ley N° 18.216, que regula las penas sustitutivas de libertad. La adición de un nuevo inciso establece que "se considerará quebrantada la medida cautelar cuando el formalizado use redes sociales para comunicarse o obtener beneficios económicos, socavando así el avance de la investigación". Pérez enfatizó que "no es lógico que en las cárceles no haya acceso a internet y que, por otro lado, las personas en sus hogares estén generando ingresos que podrían comprometer investigaciones".

Este nuevo enfoque busca no solo proteger la integridad de las investigaciones penales, sino también enviar un mensaje claro de que las medidas cautelares deben ser respetadas y no pueden ser utilizadas para el beneficio personal de aquellos que se encuentran bajo sospecha.

En controversiales casos como el de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien ha sido vista promoviendo contenido para adultos en medio de su arresto domiciliario por investigaciones de corrupción, o Camila Polizzi, vinculada a la Fundación En Ti, la diputada critica que estos hechos reflejan una falta de respeto hacia el sistema judicial. Barriga, por su parte, ha captado la atención mediática no solo por las acusaciones que enfrenta, sino también por la forma en que ha elegido generar ingresos, a pesar de las restricciones impuestas.

Pérez concluyó, "esperamos que este proyecto avance en la Comisión de Constitución y que se implanten medidas efectivas que demuestren que el sistema judicial está trabajando arduamente para mantener la justicia, evitando que delincuentes se beneficien a costillas de su condición". Este proyecto podría ser un importante paso hacia una mayor responsabilidad y control sobre los interrogados y condenados, asegurando que desde su hogar no puedan seguir eludiendo la ley.