Los alcaldes de la Región Metropolitana no se detienen en su lucha por una mayor seguridad en sus comunas. Recientemente, un grupo de ellos se plantó en el frontis de La Moneda para exigir la autorización del uso de armas no letales, específicamente las pistolas Taser, para los inspectores municipales. Esta demanda se intensifica ante el creciente clima de violencia que afecta a la ciudadanía, evidenciado por incidentes recientes como el ataque con arma blanca a un Carabinero y trágicas balaceras que resultaron en la muerte de un menor de 11 años.

Los ediles, entre ellos Cristóbal Labra de San Joaquín, Matías Toledo de Puente Alto y Joel Olmos de La Cisterna, firmaron un documento en el que instan al gobierno a permitir el uso de estas armas, subrayando la necesidad de programas de formación rigurosos para garantizar su uso responsable. Esta presión viene acompañada de la reflexión sobre el rol de las municipalidades en la seguridad: ¿deben ser vistas solo como mediadoras familiares o también como garantes de la seguridad pública?

"La implementación de pistolas Taser es fundamental especialmente para enfrentar la violencia intrafamiliar, un problema creciente en nuestras comunas", afirmó Toledo en sus redes sociales. La propuesta se basa en que estos equipos solo se utilicen en situaciones de grave riesgo para los inspectores, y no de manera indiscriminada, prometiendo un marco regulatorio que asegure su correcto uso.

Desde Cerro Navia, el alcalde Mauro Tamayo respaldó la idea, enfatizando que la comunidad merece sentirse segura y que tanto Carabineros como ex uniformados desempeñando funciones de seguridad deben contar con las herramientas necesarias para defenderse sin poner en riesgo su integridad.

En el contexto de esta reivindicación, el gobierno también se encuentra revisando un protocolo para el uso de pistolas Taser, que se espera esté listo en febrero y tenga un plan piloto en marcha en marzo. Este protocolo incluirá la capacitación necesaria para un manejo adecuado, mientras que los alcaldes presionan para que el proyecto avance rápidamente a pesar de encontrarse en discusión en el Senado sin un plazo claro.

La controversia se agrava debido a las críticas del gobernador Claudio Orrego, quien denunció que la tardanza en la implementación de estas herramientas podría haber evitado incidentes recientes. Orrego refleja así la urgencia de una acción rápida en esta problemática, sobre todo al considerar que más de 115 países ya utilizan estos dispositivos.

La creciente violencia en las calles pone de manifiesto una alarmante crisis de seguridad que obliga a los líderes locales a buscar soluciones inmediatas. Los ciudadanos esperan un compromiso firme por parte de sus autoridades. ¿Lograrán obtener la autorización para el uso de pistolas Taser y mejorar la protección comunitaria? ¡Estaremos atentos a este controversial desarrollo!