Diputados del partido Renovación Nacional (RN) han alzado la voz y solicitado a la Contraloría General de la República, dirigida por la Contralora Dorothy Pérez, que se pronuncie sobre la legalidad de los nuevos requisitos establecidos por el Gobierno para la regularización de migrantes.

Este mecanismo, que podría beneficiar a miles de extranjeros residiendo en Chile, ha generado preocupación entre los parlamentarios, quienes argumentan que podría estar en contradicción con varios puntos de la Política Nacional de Migración y Extranjería.

Los diputados Andrés Longton y José Miguel Castro manifestaron su firme oposición categorica al proceso de regularización que incluye a aquellos migrantes que ingresaron al país de manera clandestina o por medios ilegales. Argumentan que "es inaceptable que el Gobierno busque regularizar a aquellos que han quebrantado la ley" en un contexto donde el país enfrenta serios desafíos migratorios.

"No podemos permitir que se desconozcan las sanciones establecidas para quienes han ingresado a Chile de manera irregular. El Gobierno debería aplicar la ley en lugar de buscar excusas para violarla", afirmaron los legisladores.

Longton y Castro también criticaroneal proceso de empadronamiento masivo, señalando que podría dar un mensaje equivocado a los migrantes ilegales, sugiriendo que es sencillo regularizarse tras haber violado la ley. "El Gobierno intentó engañar a la opinión pública diciendo que no se trataba de una regularización masiva, cuando claramente lo es. Si bien es necesario identificar a quienes ingresan a nuestro país, la regla general es que aquellos que lo hacen de forma ilegal deben ser expulsados", añadieron.

A medida que la situación migratoria se complica en Chile, las críticas hacia la administración actual no cesan. Los opositores acusan a la administración de ser "tremendamente condescendiente" con la migración irregular, lo que podría repercutir en la percepción pública y provocar un creciente descontento ciudadano.

En este escenario, los diputados de RN esperan que la Contraloría actúe rápidamente y ponga el freno a este proceso, afirmando que el bienestar del pueblo chileno está en juego. ¿Tomará la Contraloría medidas decisivas frente a este polémico tema? ¡Estaremos atentos a las novedades!