Introducción

El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, presentó recientemente la nueva Ley Impositiva junto con el presupuesto oficial para 2025 en la Legislatura. La propuesta del gobernador Axel Kicillof incluye un aumento del 120% en el impuesto adicional sobre Ingresos Brutos que gravan las operaciones portuarias, lo que ha encendido las alarmas entre los exportadores de petróleo y sus derivados.

Detalles de la Ley Impositiva

Fuentes cercanas a la administración han aclarado que el proyecto no implica un aumento en la carga tributaria para los sectores productivos, ya que las alícuotas del Impuesto de Ingresos Brutos se mantienen inalteradas. Se trata simplemente de una actualización de la tasa fija de este impuesto por tonelada en las terminales, alineándose con la evolución de precios proyectada para el año 2024.

Impacto Financiero

Esta medida ha causado gran controversia entre las empresas que operan en el Puerto de Bahía Blanca, incluyendo exportadores de crudo, petroquímicas y empresas de carga y descarga de productos agrícolas. Un ejecutivo del sector ha comentado que, si se aprueba este nuevo incremento, el impacto financiero para los usuarios del sistema de transporte de hidrocarburos podría ascender a 8.000 millones de pesos anuales.

Historia del Impuesto

El impuesto sobre Ingresos Brutos para actividades portuarias fue establecido en 2020, y en ese momento se buscaba aumentar la recaudación ante la crisis provocada por la pandemia. Inicialmente se establecieron montos fijos a pagar mensualmente por las empresas que manejan operaciones en el puerto: $47 por cada tonelada de mercancía cargada, $139 por mercancía descargada, y $23 por mercancía removida. Sin embargo, lo que comenzó como un tributo extraordinario ahora se convierte en un aumento del 120% en sus montos base.

Aumento de Tarifas

En el proyecto de la Ley Impositiva 2025, el aumento propuesto dictamina que las empresas deberán abonar $1.135 por tonelada cargada y $3.405 por tonelada descargada, además de $545 por mercancía removida.

Justificación del Gobierno

Desde el gobierno provincial se justificó este incremento, argumentando que es necesario para mantener la funcionalidad del impuesto frente a la inflación. Sin embargo, los sectores afectados, tanto exportadores como importadores, han denunciado que la legalidad del monto adicional es cuestionable, dado que, al adherirse a la Constitución Nacional, la provincia cedió al gobierno federal la regulación de derechos de importación y exportación. De hecho, actualmente existen unas 10 causas judiciales en discusión sobre la validez de este impuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

Repercusiones en la Industria

Los representantes del sector han advertido que la implementación de este nuevo impuesto incrementará los costos logísticos de las empresas que dependen de los puertos bonaerenses, lo que podría resultar en un freno a la inversión y un desincentivo para la llegada de nuevos negocios, especialmente en un entorno ya difícil. Una empresa naviera ha mencionado que las políticas fiscales restrictivas han generado un clima de incertidumbre que complica la planificación de inversiones a medio y largo plazo.

Competitividad en el Mercado Internacional

Además, el aumento en los costos en los puertos afectará negativamente la competitividad de los productos argentinos en los mercados internacionales, lo que podría llevar a un menor rendimiento económico para la provincia y el país en su conjunto. En respuesta, el Ejecutivo ha asegurado que, puesto que el adicional es una suma fija y no un porcentaje, resulta imperativo un ajuste para mantener su efectividad. Aun así, el importe a pagar no debe superar el 5% de la base imponible de las actividades gravadas, según las últimas aclaraciones.