La Cámara de Diputados de Chile está frenéticamente debatiendo una reforma crucial a la Ley de Migraciones que podría cambiar radicalmente el panorama para los extranjeros en el país. Este martes, se despachó a segundo trámite constitucional una propuesta que busca endurecer las normativas en torno al ingreso, permanencia y nacionalización de extranjeros.

Este proyecto, que ahora será revisado por el Senado, ajusta 56 artículos de la ley original promulgada en abril de 2021, introduciendo medidas polémicas que han causado gran revuelo en la opinión pública.

Entre las modificaciones más impactantes se incluyen nuevas causales para prohibir el ingreso al país. Además de las condenas por delitos graves, se agrega la violencia intrafamiliar como causal de prohibición, junto con condenas recientes en el extranjero por actos que, según la legislación chilena, se consideran crímenes o simples delitos.

Los legisladores han decidido que estas restricciones, que actualmente son opcionales, se harán obligatorias si la reforma es aprobada, aumentando así la preocupación entre las comunidades migrantes.

Otra de las controvertidas propuestas es el aumento en el período de residencia requerido para la nacionalización, que pasará de cinco a diez años. Esta modificación ha sido criticada por muchos, quienes aseguran que dificulta la integración de los extranjeros en la sociedad chilena.

Además, se eliminará la figura de la nacionalización calificada, afectando a personas con antecedentes penales o infracciones administrativas reiteradas, lo que cierra aún más las puertas a ciertos grupos de extranjeros.

La reforma también amplía significativamente las causales para la expulsión de extranjeros residentes que cometan delitos graves, incluyendo sicariato, violencia intrafamiliar, explotación sexual y porte ilegal de armas. Sin embargo, la inclusión de faltas como ruidos molestos, comercio ambulante e infracciones de tránsito ha desatado un fuerte debate sobre la gestión de la convivencia en espacios públicos, especialmente en zonas altamente urbanizadas donde estas situaciones son más comunes.

Según los impulsores de esta reforma, el objetivo es claro: mejorar la gestión migratoria en Chile y garantizar una convivencia más segura. A medida que la discusión avanza, muchos se preguntan si estas nuevas medidas realmente lograrán su objetivo o si, por el contrario, generarán un mayor estigma hacia las comunidades migrantes en el país.