El día de hoy, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, no se guardó nada al referirse al brutal atentado en la central de Rucalhue. Su mensaje fue claro: el anuncio de una querella por Ley Antiterrorista sirve como una "señal" contundente para quienes orquestan estos actos de violencia.

En una charla con Radio Pauta, Cordero enfatizó que esta acción tiene un doble significado: es simbólica y política, pero también jurídica. "Es una advertencia seria para quienes piensan que pueden seguir con impunidad", aseguró.

El uso de la Ley Antiterrorista representa un ejercicio del poder estatal sin precedentes en este contexto, añadió Cordero, subrayando la posibilidad de que las autoridades adopten medidas excepcionales más severas para combatir este fenómeno de terror.

Además, el ministro habló sobre el Estado de Excepción en la zona, destacando que los resultados han sido palpables: "Las cifras nos muestran una reducción significativa de la violencia, algo que es reconocido por todos en la macrozona sur. Sin embargo, actos como estos tienen el efecto opuesto, alimentando el miedo entre la población. Por eso el Estado debe responder con firmeza".

Cordero también se refirió a las críticas provenientes de la oposición, enfatizando que el enfoque debe estar en la efectividad de la investigación y en la aplicación rigurosa de la Ley Antiterrorista. "Debemos garantizar que cada medida que tomemos sea efectiva para restablecer la seguridad".

En otro orden de ideas, el ministro abordó la polémica contratación de Cristina Vilches, exjefa de Inteligencia de la Policía de Investigaciones. Aunque Vilches renunció poco después de su nombramiento, Cordero defendió la decisión, argumentando que las policías tienen la autonomía necesaria para tales contrataciones.

"Hablé con el director de la PDI y comprendí por qué se optó por ella, su experiencia en Inteligencia era valiosa. Es esencial que tomemos decisiones informadas en momentos tan críticos", concluyó el ministro, dejando claro que la lucha contra el terrorismo es una prioridad indiscutible para el gobierno.