La Policía Federal de Brasil ha hecho un movimiento sorprendente al presentar cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro por su presunta participación en un intento de golpe de Estado dirigido a derrocar al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, tras las polémicas elecciones de 2022, según informes oficiales divulgados hoy.

La denuncia abarca a 37 individuos, entre los que se cuentan altos mandos militares, todos acusados de 'abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y asociación ilícita', como se detalla en una nota oficial enviada a los medios.

Bolsonaro, que estuvo al mando del país desde 2019 hasta 2022, se encuentra en una lista que incluye a importantes generales, exministros y exasesores de su administración. Entre los nombres más destacados están Walter Braga Netto, un general en la reserva que fue ministro de la Presidencia y Defensa, y Almir Garnier Santos, el excomandante de la Marina.

La investigación ha revelado la existencia de un grupo que operó de 'forma coordinada' después de las elecciones del 2022 para asegurar el mandato de Bolsonaro, contraviniendo la voluntad popular. En este sentido, se han destapado algunos de los planes más oscuros que incluyen la detención de cuatro militares y un agente de la Policía Federal, quienes estaban presuntamente trabajando en un complot para asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin, y al juez del Supremo, Alexandre de Moraes.

Esta nueva revelación ha aumentado el temor y la indignación en Brasil, pues el modus operandi parece involucrar desde el envenenamiento hasta la formación de un 'comité de crisis' con militares leales a Bolsonaro, todo ello para intentar derrocar al gobierno actual. Entre los detenidos también se destaca el general de la reserva Mario Fernandes, quien figura como uno de los denunciados en esta trama.

El informe final, que ha sido entregado a la Corte Suprema y cuenta con más de 700 páginas, indica que los involucrados se organizaron en diferentes células para llevar a cabo sus siniestras intenciones. Estos grupos tenían distintas funciones, desde difundir desinformación y poner a los militares en acción, hasta ejecutar planes para el golpe.

Por otra parte, el fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, será el encargado de analizar este informe y decidir si presentará denuncias formales ante el Supremo. La situación es tensa, pues recuerda las trágicas jornadas que siguieron a la elección de Lula, donde se vivieron bloqueos de carreteras, campamentos pidiendo intervención militar, disturbios en Brasilia, y hasta un intento de atentado con explosivos.

El 8 de enero de 2023, se produjo una de las jornadas más violentas cuando miles de extremistas de derecha asaltaron las sedes del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia, en un vano intento por instar a los militares a actuar en su favor. Este ingreso dejó una huella indeleble en la historia reciente de Brasil, intensificando la polarización política.

Cabe mencionar que Bolsonaro ha rechazado todas las acusaciones que pesan sobre él, declarando ser víctima de persecución judicial y sosteniendo que siempre actuó dentro del marco constitucional.

Las repercusiones de este caso podrían resultar gravísimas no solo para Bolsonaro, sino también para la estabilidad política de Brasil, un país que ya se encuentra sumido en una profunda crisis de confianza en sus instituciones.