El escándalo del "Caso Audio" que ha escalado hasta la Corte Suprema pone en jaque a la suspendida ministra Ángela Vivanco, quien ha visto sus acciones y comunicaciones con el penalista Luis Hermosilla en el centro del debate público. La filtración de estos chats ha generado una ola de cuestionamientos sobre su rol como magistrada en el sistema judicial chileno, especialmente en su puesto en la sala constitucional, lo que ha llevado a muchos a pedir su salida del poder judicial.

Vivanco, una figura controversial al provenir de la política y el derecho, ha sido parte de redes que trascienden el espectro político, desde su militancia en Renovación Nacional (RN) y su rol como ex presidenta del desaparecido Partido Unión Centro Centro, hasta la recepción de apoyos de sectores de la izquierda. Este entramado ha cobrado relevancia ahora, tras emergencias recientes en el proceso constitucional.

Durante la Convención Constitucional en 2022, cuando la discusión sobre la reforma judicial era candente, Vivanco presentó un informe cargado de crítica al plenario al calificar las propuestas de reforma como amenazantes para la independencia y estabilidad del poder judicial. En respuesta a este informe, se originó un conflicto abierto entre la Convención y la Corte Suprema, donde Vivanco, en su rol de vocera del máximo tribunal, se vio encargada de representar la postura de la judicatura.

El clima en la Convención era tenso; mientras se discutían múltiples reformas, los convencionales de izquierda buscaban establecer un sistema más pluralista y con propuestas de supervisión sobre los jueces, lo que generaba resistencias significativas entre los sectores más conservadores del tribunal. Vivanco tuvo que navegar en medio de este tumulto político, actuando como un puente entre la Corte Suprema y la Convención Constitucional.

El conflicto alcanzó su punto más álgido cuando se abordaron las normas transitorias de las reformas. Existía una preocupación palpable en la Suprema sobre los efectos retroactivos de la reducción de la edad jubilar a 70 años, que podría provocar la salida de cientos de jueces del sistema. Durante este momento crítico, fue que la ministra se comunicó con Christian Viera, quien había tenido alguna interacción con ella en el pasado.

Gajardo, amigo cercano de Viera, fue clave en facilitar un encuentro entre Vivanco y los convencionales. La reunión se llevó a cabo en su casa en La Reina, y a ella asistieron Viera, Jaime Bassa e Ignacio Achurra, quienes formaban parte de esta discusión crucial sobre las disposiciones transitorias. A pesar de que Gajardo no se involucró en las negociaciones, su implicación fue esencial para evitar un posible enfrentamiento entre el Poder Judicial y la Convención, lo que podría haber tenido repercusiones gravísimas en el plebiscito de salida que ya se perfilaba complejo.

La reunión logró establecer un acuerdo preliminar en el que la bancada del Frente Amplio se mostró dispuesta a apoyar que las nuevas reglas sobre la jubilación no tuvieran efectos retroactivos para los jueces actuales. Aunque no se garantizó que esta postura obtendría los 2/3 requeridos, sí se logró un entendimiento que salvó a muchos jueces de una pronta jubilación forzada. Este acuerdo fue vital en un contexto de fuerte tensión política y social, y representa un ejemplo de cómo la mediación y el diálogo son fundamentales en procesos de cambio estructural.

A medida que el proceso se desarrolla, se evidenciará aún más cómo estos actores han navegado en un mar de desafíos y controversias en la reconstrucción del sistema judicial chileno.