Por Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política, profesor titular, Universidad de Talca-Campus Santiago.

Con la cercanía del quinto aniversario del estallido social en Chile, es innegable que este fenómeno marcó un antes y un después en la política del país, abriendo la puerta a un controvertido proceso de cambio constitucional que ha dejado huellas profundas. Desde 2019, Chile ha vivido momentos de inestabilidad y polarización sin precedentes, resaltando la incapacidad de nuestros líderes políticos para frenar la escalada de la violencia o enfrentar con responsabilidad las demandas de la ciudadanía.

A pesar de que los fracasos de los procesos constitucionales en América Latina son ampliamente documentados, los políticos chilenos optaron por forjar una nueva Constitución bajo enorme presión, incluso repitiendo el mismo error en 2023 con otro plebiscito que, como era de esperar, resultó en una nueva desilusión. Este contexto reafirma que el descontento social no proviene de una falla estructural en la democracia chilena, sino de la conducta de aquellos que nos representan.

Es indignante ver cómo casos de corrupción como "Democracia Viva", "Hermosilla" y "Cubillos" han erosionado la confianza ciudadana. El fenómeno de una elite política que opera sin ética ni límites es cada vez más evidente. Recientemente, salieron a la luz nuevos detalles sobre la investigación del caso Penta, donde se ventiló la forma en que la justicia ha protegido a los implicados, llevando a situaciones absurdas como el hecho de que los condenados debieron 'pagar' sus delitos mediante clases de ética.

El estallido social del 2019 no fue un ataque a la Constitución per se, sino una reacción enérgica contra una clase política incapaz y abusadora. Sin embargo, en un acto de desviar la atención, los políticos han intentado atribuir la culpa a la Constitución en lugar de reconocer sus propias fallas. Esta estrategia ha sido tan obvia como cobarde, y la falta de perdón de parte de la ciudadanía se ha transformado en un profundo desprecio.

Las últimas encuestas del CEP desnudan la crisis de representatividad en nuestro país: el Congreso apenas disfruta de un 8% de confianza y los partidos políticos un mísero 4%. La identificación de los ciudadanos con partidos políticos apenas alcanza el 35%. Hay un dato aún más alarmante: un 47% de los chilenos afirma que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, mientras que un 17% considera que, en ciertas circunstancias, un régimen autoritario podría ser aceptable. Esto implica que un 48% no vería con malos ojos un cambio en el régimen político, lo cual es un aumento alarmante en comparación con 2021.

Interesantemente, la percepción sobre el estallido social también ha cambiado drásticamente. En 2019, el 55% se mostraba solidario con las manifestaciones, pero esa cifra se ha desplomado a solo un 23% en la última encuesta. El rechazo a las protestas ha crecido del 11% al 34% en el mismo período, lo cual deja claro que el fervor por el estallido se ha diluido.

Pese a esto, la clase política parece empeñada en volver a exacerbar las causas que llevaron al estallido social. Si surgiera una nueva oleada de descontento, las élites ya no tendrán el recurso de culpar a la Constitución. Han agotado su juego y la paciencia de la ciudadanía ha sido sorprendentemente generosa. Sin embargo, los límites del descaro y la cobardía son claros, y el descontento social podría explotar nuevamente, esta vez con repercusiones aún más profundas.