El Ministerio de Vivienda (Minvu) ha dado luz verde a la propuesta del Ministerio de Justicia, que busca ampliar la cárcel Santiago 1 para dar paso a una nueva instalación de alta seguridad. Esta decisión se enmarca dentro de las medidas anunciadas por el Gobierno de Gabriel Boric para enfrentar la creciente crisis de seguridad que afecta a Chile.

Sin embargo, este proyecto ha generado una fuerte oposición entre autoridades locales. Tanto la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, como el actual alcalde, Mario Desbordes, han manifestado su desacuerdo con la iniciativa, argumentando que la construcción de una nueva cárcel no es la solución adecuada para abordar la inseguridad en la ciudad. Desbordes ha llegado a anunciar que el municipio tomará acciones legales para intentar frenar el proyecto.

A pesar de la controversia, el Ministerio de Vivienda, liderado por Carlos Montes, ratificó la propuesta mediante una resolución el pasado 16 de abril. En su comunicado, el ministerio argumenta que la expansión de este recinto penitenciario es clave para garantizar la seguridad nacional y la protección de la sociedad frente a la delincuencia, además de contribuir a la reducción de la reincidencia criminal y al respeto de los derechos fundamentales de las personas.

Para llevar a cabo la ampliación, se deberá elaborar un decreto supremo que modifique tanto el Plan Regulador Comunal de Santiago como el Plan Regulador Metropolitano de la capital. Este proceso incluirá la publicación del decreto en el Diario Oficial, lo que será un paso esencial para la concreción del nuevo penal.

Vicente Burgos, jefe de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, explicó que la decisión se basó en una evaluación de los antecedentes proporcionados por el Ministerio de Justicia y las opiniones del municipio y los vecinos. "El ministerio concluyó que el requerimiento es efectivamente necesario para salvaguardar la seguridad de la población", indicó.

La construcción de esta nueva cárcel no solo ha provocado un intenso debate, sino que también pone de relieve la creciente preocupación social ante el aumento del crimen y la necesidad de soluciones efectivas. Las voces críticas continúan alzándose, exigiendo alternativas que no se basen únicamente en la expansión de instalaciones penitenciarias, mientras que el Gobierno insiste en que este es un paso crucial para restaurar la seguridad en la capital chilena.

Esta polémica refleja las tensiones en torno a cómo abordar la seguridad pública en el país. ¿Es realmente la construcción de más cárceles la solución que necesitamos? Estaremos atentos a los desarrollos de esta noticia.