La defensa del exfrentista Pablo Muñoz Hoffman ha presentado un sólido recurso ante la Corte Suprema, solicitando la anulación de la orden de detención con fines de extradición en su contra.

Recientemente, Muñoz Hoffman fue arrestado en Bolivia, pero luego liberado, lo que ha añadido una capa de complejidad a este ya enrevesado caso. Actualmente, la orden de detención está siendo revisada por la Segunda Sala del más alto tribunal, pero todavía no ha recibido aprobación.

Es importante destacar que el ministro Alberto Van Klaveren ha expresado que el Ministerio de Relaciones Exteriores está intentando "activar la petición de extradición", aunque subrayó que dicha solicitud recae bajo el ámbito del Poder Judicial.

En su alegato, la defensa—encabezada por el abogado Alberto Espinoza Pino—ha solicitado que se consideren dos expedientes pertinentes que demuestran que no existían órdenes de aprehensión contra Muñoz Hoffman antes del 7 de enero, lo que podría poner en tela de juicio la legitimidad del proceso.

Además, Espinoza Pino ha afirmado que la condena de cuatro años de prisión menor por asociación ilícita ya ha sido cumplida, lo cual refuerza su posición.

La situación se vuelve aún más interesante al considerar que los delitos de robo con intimidación y robo con violencia por los que se le está persiguiendo se remontan a 1992, es decir, hace más de 32 años. Según las leyes vigentes sobre la prescripción de acciones penales, levantar cargos por hechos tan remotos carece de fundamento jurídico sólido.

Este caso ha suscitado un gran interés mediático y preguntas sobre la eficacia del sistema judicial, y plantea la inquietante posibilidad de si la justicia está siendo verdaderamente impartida o si se trata de un exceso en la aplicación de la ley.