Los diputados del Frente Amplio, Diego Ibáñez y María Francisca Bello, han levantado la voz ante la inminente crisis del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Han solicitado a la Contraloría General de la República que investigue el manejo de los recursos públicos destinados a este emblemático centro de salud, que enfrenta serias acusaciones de irregularidades.

Mediante un oficio formal, los parlamentarios han pedido aclaraciones sobre múltiples denuncias presentadas por los sindicatos Fenpruss, Fenasenf y la Federación TUE, quienes alegan que la situación requiere una investigación minuciosa. "Es fundamental que se realice una indagación exhaustiva sobre cómo se han utilizado estos fondos", expresó el diputado Ibáñez.

Uno de los puntos críticos que se mencionan en la solicitud es la contratación de Servicios de Recursos Humanos. Informes sugieren que la empresa Servicios Clínicos Limitada empezó a operar sin un registro comercial adecuado, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de sus operaciones. Se ha observado que varios funcionarios del hospital podrían estar trabajando paralelamente para esta empresa, lo que podría estar causándoles conflictos de interés y reduciendo la efectividad en la atención de pacientes.

Además, se ha denunciado la creación de sociedades médicas, como Servicios Médicos EIRL y Vida y Salud, que serían dirigidas por los mismos profesionales con una notoria baja producción durante sus turnos, lo que ha incrementado las suspicacias. La atención médica en la Unidad de Emergencia también está en el ojo del huracán debido a la posible contratación de médicos honorarios, muchos de los cuales ya están empleados en el hospital, generando confusión en la dotación de personal.

La situación es alarmante, ya que se menciona que existe una cantidad de más de 100 médicos en plantilla por encima de las necesidades reales de la Unidad de Emergencia, lo que sugiere que podrían estar pagando por servicios que nunca se prestan. Además, se ha solicitado que se revisen los contratos de mantenimiento de equipos médicos, donde la empresa Noctua ha sido señalada por posibles irregularidades en su gestión dentro de áreas críticas del hospital.

Finalmente, se han pedido aclaraciones sobre la relación con un proveedor específico, el Sr. Mario Espinoza Cordero, quien parece tener control absoluto sobre el proceso de licitación y ejecución de pagos, lo que contraviene los principios básicos de control interno.

“Es crucial que se aclare cada uno de estos aspectos para determinar si realmente están ocurriendo gastos irregulares. Exigimos auditorías que garanticen la transparencia en el uso de los recursos,” destacó Ibáñez.

La diputada María Francisca Bello hizo eco de estas inquietudes, indicando que proteger el buen uso de los fondos públicos es de suma importancia, especialmente en un hospital que está lidiando con una crisis de financiamiento. Reiteró que es vital que la Contraloría actúe rápidamente para garantizar que los pacientes del Hospital Carlos Van Buren reciban la atención digna y de calidad que merecen.

En una región donde la salud está constantemente bajo presión, la comunidad espera respuestas y las acciones necesarias para resolver estos problemas críticos que amenazan no solo la operatividad del hospital, sino también la salud de miles de ciudadanos que dependen de sus servicios.