El sistema de educación superior en Chile vive una de sus crisis más alarmantes, con al menos once universidades enfrentando graves problemas económicos. Estas dificultades han provocado despidos masivos y recortes drásticos de personal.

Universidades al borde del abismo

La Universidad de La Frontera (UFRO), ubicada en la Región de La Araucanía, ha sido señalada como el núcleo de esta crisis. Con una deuda que asciende a $38 mil millones, la institución ha despedido a 298 empleados, afectando tanto a docentes como a personal administrativo. Los problemas de gestión y administración han llevado a la renuncia de altos directivos, entre ellos el vicerrector académico Renato Hunter, quien ha dejado entrever que la responsabilidad recae en el rector Eduardo Hebel.

El Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ha calificado la situación como crítica, pero ha garantizado que no se contempla el cierre de la UFRO. "No hay ninguna posibilidad de que la Universidad de la Frontera cierre", expresó, aunque la comunidad educativa se mantiene en estado de alerta.

En el norte del país, la Universidad de Antofagasta enfrenta circunstancias similares, con una deuda de $28 mil millones. Esta universidad decidió despedir a 223 académicos, lo que ha generado protestas estudiantiles y la ocupación de sus campus.

Ajustes severos en otras casas de estudio

La crisis no se limita a universidades estatales. La Universidad Austral de Chile (UACh), parte de la Red G9, anunció que podría despedir entre 200 y 300 trabajadores hacia fin de año, lo cual ha alarmado a la comunidad universitaria. La alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, ha resaltado la importancia de proteger esta institución educativa, advirtiendo sobre las implicaciones de su posible debilidad económica.

Por su parte, la Universidad Alberto Hurtado (UAH) realizó ajustes en su personal, despidiendo a 55 empleados en julio, citando entre las causas los desafíos económicos actualmente enfrentados. La Universidad de Magallanes (UMAG), en un esfuerzo por contener gastos, no renovó el contrato de 36 trabajadores e implementó recortes en honorarios.

Desmitificando la ceguera hacia la gratuidad

El debate alrededor de la actual crisis ha centrado las acusaciones en la política de gratuidad en la educación superior. Mientras que algunos exfuncionarios sugieren que esta política podría haber reducido los ingresos de las universidades, otros desmienten esta teoría, incluidos expertos y el propio ministro Cataldo. Este último aseveró que la gratuidad no ha tenido un impacto significativo en la situación económica de las instituciones.

La Superintendencia de Educación Superior, en un análisis reciente, concluyó que la crisis es multifacética y no puede ser atribuida únicamente a cambios en la política de financiamiento.

Un futuro incierto

Un informe reciente de la Superintendencia de Educación Superior ha indicado que 28 instituciones de educación superior se encuentran en alto riesgo para 2024, un aumento respecto a las 25 del año anterior. Aunque el número de estudiantes afectados ha disminuido ligeramente de 59,605 a 59,069, esta cifra representa un preocupante 4.6% del total de matrícula en el país.

Las universidades, especialmente aquellas privadas y no pertenecientes al grupo G9, son las más perjudicadas por este panorama, planteando serias preguntas sobre el futuro de la educación en Chile. Con todo esto, los estudiantes y sus familias permanecen en la incertidumbre mientras el gobierno y las universidades buscan soluciones que aseguren la continuidad de la educación superior en el país.