En enero de 2024, un medio nacional reveló un estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre las 'fallas' en el gasto de la Educación Superior (ES) en Chile. El análisis arrojó que en 2020, el gasto en ES por parte del Estado y las familias alcanzó los US$ 6.600 millones, equivalentes al 2,6% del PIB. Jorge Grunberg, Fiscal Nacional Económico, enfatizó la educación superior como fundamental para la movilidad social y el crecimiento económico.

Desde la promulgación de la Ley 21091 en 2018, se estableció la Superintendencia de Educación Superior como un organismo encargado de supervisar universidades y centros de formación en cumplimiento de normativas. Esto asegura que no operen como instituciones oligopólicas y que su eficiencia en el gasto sea fiscalizada.

Recientemente, el debate resurgió tras la controversia sobre el salario de 17 millones de pesos que recibió Marcela Cubillos, exMinistra de Educación, de la Universidad San Sebastián (USS) entre 2018 y 2022. Esta situación fue denunciada por El Mostrador y llevó a la Fiscalía Centro Norte de Santiago a iniciar una investigación sobre posibles ilícitos relacionados a su salario.

La Superintendencia de Educación Superior exigió a la USS que enviara información sobre el cumplimiento de normativas internas en los contratos, mientras que parlamentarios presentaron denuncias por corrupción y cohecho.

La conceptualización del Estado como botín ha cobrado relevancia, especialmente tras la llegada del cantante Peso Pluma al Festival de Viña del Mar, que simboliza la permeabilidad de la cultura del narco al uso de recursos públicos. En este contexto, el caso de Cubillos sirve como un ejemplo de cómo, a pesar de no estar adscrita a la gratuidad, un 45,5% de los ingresos de la USS provienen de dineros estatales como becas y créditos.

Este escándalo ha reavivado el debate sobre la remuneración en el sistema educativo chileno, comparando el alto salario de Cubillos con los magros sueldos de profesores en colegios con altos índices de vulnerabilidad, poniendo de manifiesto una profunda brecha económica que alimenta el descontento social.

Daniel Innerarity, en su libro 'La Política en tiempos de indignación', destaca que la política actual parece priorizar los intereses económicos por encima de la integridad social, lo cual se refleja en el escándalo Cubillos. Se critica cómo los recursos públicos se utilizan para enriquecer a una élite privilegiada, perpetuando la hipocresía moral de aquellos que abogan por el libre mercado mientras benefician sus propios intereses a costa del bienestar común.

El tema no solo resalta la necesidad de mayor transparencia y ética en la gestión de la educación, sino que también cuestiona la justicia social en el acceso y la compensación en el sector educativo, dejando a muchos chilenos preguntándose: ¿Qué tan equitativa es realmente nuestra educación?