La comisión investigadora del caso ProCultura ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo que culminó con la aprobación, por nueve votos a favor y una abstención, de un informe final elaborado por los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton y José Miguel Castro. Esta fundación, que tiene como figura prominente a Alberto Larraín, es objeto de una indagación por parte de la Fiscalía debido a la sospecha de fraude al fisco en convenios que suman cerca de 6 mil millones de pesos con diversas gobernaciones.

Entre los puntos más críticos del informe, se menciona el papel de figuras como Claudio Orrego, Miguel Crispi y Jorge Flies en la operación de estos convenios. Estas son algunas de las revelaciones más alarmantes:

Un 'Modus Operandi' Sospechoso

El informe destaca un posible modus operandi sistemático caracterizado por la asignación directa de fondos, así como una débil fiscalización administrativa y deficiencias en el control interno por parte de organismos técnicos. Esto sugiere una vulnerabilidad en el manejo de recursos públicos que podría haber facilitado el desvío y la sobrefacturación.

Valores Inflados

La investigación también halló que se cobraron montos excesivos por servicios que deberían haber sido a precios de mercado, incluyendo compras de merchandising a sobreprecios que causaron perjuicios significativos al patrimonio fiscal.

Irregularidades en la Rendición de Fondos

En la Región Metropolitana, bajo el programa 'Quédate', se evidencian gastos no autorizados por cerca de 1,000 millones de pesos, lo cual sugiere una falta de control y supervisión en la utilización de recursos transferidos.

Una Red de Empresas Cuestionables

Se descubrió una intrincada red de empresas que tenían vínculos con excolaboradores de ProCultura, lo que despierta serias dudas sobre la transparencia administrativa en la gestión de fondos públicos.

Externalización de Servicios

El informe también señala que gran parte de las actividades contempladas en los convenios fueron externalizadas a empresas privadas, muchas de las cuales tienen conexiones con altos directivos de ProCultura. Esto plantea serias cuestiones sobre la integridad y competencia en la ejecución de proyectos financiados con recursos públicos.

Convenios Express

También se discute el acceso a fondos públicos a través de 'convenios express', una modalidad que permite la asignación rápida y sin la rigurosidad de los procesos licitatorios, facilitando así la obtención de grandes sumas de dinero en forma ágil.

Falta de Evaluación Institucional

La metodología utilizada para validar a ProCultura como entidad ejecutora estuvo marcada por deficiencias, omitió un análisis riguroso de conflictos de interés y careció de una evaluación objetiva de la capacidad de la fundación para gestionar fondos públicos, lo que puede haber contribuido a que múltiples irregularidades pasaran desapercibidas.

Inhabilidades no Activadas

Algunos gobernadores regionales, incluidos Claudio Orrego, no activaron inhabilidades éticas y legales a pesar de sus conexiones previas con Alberto Larraín, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia en el uso de recursos públicos.

Incapacidad para Recuperar Fondos

Una de las conclusiones más alarmantes del informe es la falta de capacidad de las instituciones públicas para recuperar los fondos asignados irregularmente a ProCultura, lo que pone de manifiesto una profunda vulnerabilidad del patrimonio público ante la mala administración.

Este informe destapa un entramado de irregularidades que podría tener repercusiones significativas en la política chilena y en la confianza pública hacia las instituciones. La opinión pública espera consecuencias severas y un marco más robusto de control sobre el uso de los recursos fiscales.