La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha tomado una drástica medida al sancionar al Terminal Marítimo de Quintero Copec con una multa que supera los $224 millones. Esta sanción se debió a serios incumplimientos en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica diseñado para proteger las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, en la región de Valparaíso.

Los problemas surgieron porque la terminal no redujo sus operaciones en momentos de mala y regular ventilación, a pesar de las advertencias y medidas provisionales impuestas por la SMA durante episodios de intoxicación masiva que han afectado a la población local. Según la SMA, estas negligencias representan un grave riesgo para la salud de los ciudadanos.

La multa, equivalente a 277,4 unidades tributarias anuales (UTA), refleja la gravedad de la situación. Además, el Terminal de Productos Importados opera como un punto crucial para la recepción y despacho de combustibles como gasolina, petróleo diésel y otros hidrocarburos, lo que añade aún más preocupación sobre su impacto ambiental y la falta de medidas adecuadas de seguridad.

En octubre de 2022, la SMA formalizó tres cargos contra la empresa. El primero consistió en no disminuir los flujos de descarga y las transferencias de combustible durante días de condiciones de ventilación regulares y malas, poniendo en riesgo la salud pública. El segundo cargo se originó debido a la omisión de no presentar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) el programa de mantenimiento y operación requerido para los sistemas de sellos primarios y secundarios en los estanques de techo flotante que almacenan gasolina.

Los incidentes en la región no son nuevos. Históricamente, Quintero y sus comunidades han lidiado con problemas de contaminación por parte de diversas industrias, lo que ha generado protestas y llamados de atención de organizaciones ambientales y ciudadanos preocupados. La SMA ha hecho un llamado a que todas las empresas del sector adopten prácticas responsables y cumplan con las normativas ambientales, enfatizando que la salud de las comunidades no se debe poner en riesgo por intereses económicos.

Con este escándalo, la pregunta queda en el aire: ¿Puede la SMA ejercer un control efectivo para prevenir futuras negligencias ambientales? La comunidad espera respuestas y acciones contundentes.