El Ministerio Público de Bolivia ha solicitado la detención preventiva del ex presidente Evo Morales por seis meses, en el marco de una investigación por trata de personas que lo involucra, según declaraciones del fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

En una conferencia de prensa en Sucre, la capital constitucional de Bolivia, Mariaca confirmó que la Fiscalía Departamental de Tarija presentó una acusación formal contra Morales y otra persona, por el delito de 'trata de personas agravada'.

"Estamos pidiendo una medida excepcional de detención preventiva de seis meses en una cárcel pública", declaró el fiscal. Se espera que un juez cautelar fije la fecha para la audiencia donde se discutirá esta solicitud.

Mariaca añadió que la Policía es responsable de ejecutar la orden de aprehensión emitida contra el exmandatario, instando a la institución a aclarar cuándo se realizará esta captura, ya que ha habido informes indicando que no se ha logrado dar con su paradero.

Hoy, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, mencionó la formalización de la imputación contra Morales y una mujer identificada como Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima, por el delito de trata de personas agravada. Ambos están en espera de que el juez decida la fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de medidas cautelares.

Las denuncias sugieren que Morales habría estado involucrado en la trata de una menor de edad, con la que supuestamente tuvo un hijo. Esta menor estaría vinculada a un grupo político juvenil que fue creado durante su presidencia. Además, los padres de la presunta víctima, según la acusación, habrían entregado a su hija a Morales a cambio de "favores".

La fiscal indicó también que se ha solicitado una alerta migratoria para Morales y Pozo, mientras que una orden de aprehensión contra el ex presidente fue emitida el 16 de octubre. Esta orden aún no ha sido ejecutada por diversas razones, según los informes de la Policía, que han señalado que no han podido localizar a Morales.

La situación ha generado indignación y polarización en el país. Después de que se emitió la orden de captura, se dieron fuertes bloqueos de carreteras por parte de los seguidores de Morales durante 24 días en varias regiones del país, especialmente en el centro, lo que complicó aún más las acciones de la Policía en el Chapare, bastión político del exmandatario.

Aparte de las acusaciones en Tarija, existen al menos siete denuncias adicionales en Cochabamba por presuntos abusos a menores que involucran a Morales. Recientemente, también se ha sabido que se ha abierto una investigación penal en Argentina por presunta trata de personas y abuso sexual.

Es importante recordar que Morales estuvo al exilio en Argentina durante un año tras la crisis social y política que vivió Bolivia en 2019, que culminó con su renuncia a la presidencia en medio de acusaciones de fraude electoral. Este escándalo podría tener repercusiones no solo en la política boliviana, sino también en la percepción internacional del ex líder indígena.