Un reciente informe de la Policía de Investigaciones (PDI) ha dejado al descubierto movimientos bancarios alarmantes de Irina Karamanos, quien realizó abonos a una cuenta de la Fundación ProCultura. Esta revelación se produce en medio de un entramado de irregularidades que rodean el Caso Convenios, cuyas ramificaciones podrían afectar a diversos funcionarios públicos en Chile.

Según el medio El Mostrador, el informe fue presentado apenas dos días antes de que el entonces fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, fuera suspendido indefinidamente por el fiscal nacional, Ángel Valencia. Palma estaba investigando irregularidades asociadas con la Fundación ProCultura, la cual experimentó un increíble incremento del 1000% en sus ingresos públicos entre 2021 y 2022, saltando de $316.849.723 en 2021 a un asombroso total de $3.282.841.556 en 2022.

Es importante destacar que la salida de Palma se dio tras su implicación en el llamado Caso Audios, donde se le acusa de haber filtrado información sensible. Además, se mencionó su vinculación con un ofrecimiento cuestionable hecho por Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en relación con un doctorado a cambio de apoyos a José Morales en su candidatura a fiscal nacional.

El informe de la PDI recomendó interrogar a Irina Karamanos como imputada debido a los movimientos inusuales en su cuenta. Estos hallazgos fueron comunicados al Fiscal Nacional y, al día siguiente, Palma fue removido de su cargo, delegándose la investigación a Patricio Cooper, quien ha encontrado obstáculos en la progresión del caso.

La arista ProCultura es una de las más relevantes dentro del Caso Convenios, aunque este escándalo involucra potenciales irregularidades en varias regiones de Chile, donde los principales actores son candidatos a la reelección en las próximas elecciones. Los indicios apuntan a delitos como fraude al fisco y tráfico de influencias, especialmente tras el hallazgo de que la Fundación ProCultura recibía fondos públicos para proyectos que, en realidad, no ejecutaba y tercerizaba, reintegrando parte de esos fondos a sus propios bolsillos.

Desde el laboratorio de Criminalística de la PDI se han encontrado al menos cinco transferencias que Irina Karamanos realizó a la Fundación ProCultura entre 2021 y 2022, con un total que suma varios millones de pesos. Algunas de estas transferencias se describen como reintegros de fondos bajo el nombre "Recreo nos gusta el arte", que coincide con un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

A medida que esta investigación se desarrolla, las implicaciones políticas se hacen cada vez más evidentes, y las preguntas sobre la ética y la legalidad de las acciones de Karamanos y otros involucrados en el caso no dejan de surgir. La salida de Carlos Palma y el presunto encubrimiento de estas irregularidades parecen tener un trasfondo más oscuro que podría salpicar a más figuras en el gobierno. ¿Estamos ante el inicio de un escándalo que podría cambiar el panorama político en Chile? Solo el tiempo lo dirá.