El diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, ha levantado una gran polémica al advertir que el nombramiento de Emilia Ríos, exalcaldesa de Ñuñoa, como nueva subsecretaria de Deportes podría ser ilegal. Esta situación ha generado un intenso debate en el ámbito político y deportivo, ya que muchos consideran que se trata de un 'premio de consuelo' tras su derrota en las últimas elecciones municipales.

Ríos renunció a su cargo como jefa edilicia el pasado miércoles, presuntamente con la intención de postularse en las elecciones parlamentarias de 2025. Sin embargo, apenas unos días después, el Gobierno confirmó su nombramiento, lo que ha causado malestar en la oposición. La diputada de Demócratas, Érika Olivera, critica que "tenemos entrenadores y destacados deportistas que podrían contribuir al deporte, pero en vez de eso, esto es simplemente una compensación por haber perdido una elección".

Guzmán argumenta que su nombramiento podría contradecir la legislación vigente, específicamente el artículo 60 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Este artículo estipula que un alcalde puede renunciar por motivos justificados, con la aprobación de 2/3 del Concejo, o para postularse a un cargo de elección popular, lo que evitaría la necesidad de dicha aprobación. Guzmán sostiene que la renuncia de Ríos no justifica su nueva posición, ya que esta última sería incompatible con su intención de ser candidata al Congreso.

Además, el artículo 57 de la Constitución prohíbe a los subsecretarios postularse como diputados o senadores, lo que añade una capa de complejidad y cuestiona la legalidad de su nombramiento.

Guzmán concluyó planteando interrogantes cruciales: "¿Renunció para ser candidata al Congreso, o para asumir como subsecretaria, pero sin la aprobación necesaria? Esto plantea preocupaciones sobre la legalidad de su renuncia y creemos que la Contraloría General de la República debe investigar y pronunciarse al respecto".

Este nuevo giro político no solo afecta a Ríos, sino que también pone en tela de juicio la transparencia y la legalidad en los nombramientos del Gobierno. La situación está generando una oleada de críticas y llamando a la participación de la ciudadanía para demandar claridad en el proceso. La controversia se intensifica mientras el deporte nacional observa con expectación cómo se desarrollarán estos acontecimientos.