El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido imponer una dura sanción al Atlético de Madrid, que incluye el cierre parcial del estadio Cívitas Metropolitano durante tres partidos, debido a los graves incidentes registrados en el reciente derbi madrileño contra el Real Madrid. Este partido, que se desarrolló en la octava jornada de La Liga, tuvo que ser interrumpido por el lanzamiento de objetos desde las gradas hacia el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois.

El cierre afectará a varios sectores de la grada baja del fondo sur, específicamente a los sectores 127 a 133, donde se originaron los lanzamientos. Además, el club ha sido sancionado con una multa de 45,000 euros, bajo la consideración de que se trata de "infracciones muy graves".

El Comité ha subrayado que, aunque los actos de violencia y vandalismo fueron llevados a cabo por una minoría de aficionados, el Atlético tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad en su estadio durante un evento de tal relevancia. Señala que el club no tomó las medidas preventivas adecuadas para evitar la ocurrencia de estos incidentes, a pesar del alto nivel de rivalidad en el encuentro.

Los incidentes quedaron debidamente registrados en el acta del árbitro, Mateo Busquets Ferrer, quien indicó que el partido debió ser suspendido temporalmente debido a la gravedad de la situación. Aunque los objetos lanzados eran de pequeño tamaño, el riesgo de causar lesiones era significativo. El Comité manifestó que "la reiteración de estos actos llevó a que el árbitro interrumpiera el partido durante varios minutos", lo que refleja una imagen muy negativa para el fútbol español.

En relación a las alegaciones del Atlético sobre la identificación de los responsables, el Comité ha calificado estas acciones como reactivas y no preventivas, destacando que ya se han producido consecuencias deportivas y mediáticas irreparables.

A pesar de que el club ha colaborado tras los incidentes, identificando a uno de los infractores y expulsándolo de manera permanente del estadio, el Comité considera insuficientes estas medidas. De hecho, se estima que otros implicados también sean identificados y sancionados en consecuencia.

El Atlético de Madrid tiene un plazo de 10 días hábiles para apelar esta decisión ante el Comité de Apelación, y actualmente estudia la posibilidad de presentar un recurso.

Este episodio marca otro capítulo en la creciente preocupación por la violencia en los estadios españoles, evidenciando la necesidad de un control más férreo sobre el comportamiento de los aficionados. La imagen del fútbol español y la seguridad de los jugadores y espectadores están en juego. La pregunta que muchos se hacen es: ¿la RFEF tomará medidas más drásticas para erradicar estos problemas en el futuro?