El clima político en Chile se calienta cada vez más. Este miércoles, el vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el diputado Cristián Labbé, anunció en El Primer Café que su partido oficiará a la Contraloría General de la República (CGR) para buscar la inhabilitación de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, en relación al controvertido proyecto minero-portuario Dominga.

Este proyecto, que ha sido objeto de intensas críticas y debates, propone la construcción de una mina y un puerto para la extracción de concentrado de hierro, ubicado a solo 16 kilómetros de la comuna de La Higuera y cerca del Archipiélago de Humboldt, una zona conocida por su rica biodiversidad y el hábitat de diversas especies en peligro, incluyendo un 80% de la población de pingüinos de Humboldt.

La reciente decisión del Primer Tribunal Ambiental, que anuló la negativa del Gobierno al desarrollo de Dominga, ha reavivado el debate. Tanto el presidente Gabriel Boric como la propia Rojas se han manifestado en contra del proyecto, incluso antes de asumir sus cargos. Labbé ha expresado que la participación de Rojas en la futura votación del Comité de Ministros es cuestionable: "Dado su rol como activista, podría considerarse un conflicto de interés", comentó.

Labbé hizo un llamado a un diálogo más abierto en el ámbito político, sugiriendo que el Comité de Ministros necesita reevaluar su enfoque, ya que, según él, a veces se deja influir por ideologías políticas en vez de centrarse en la experticia técnica. "No podemos permitir que la política intervenga en decisiones que deberían basarse en criterios técnicos y medioambientales", añadió.

En respuesta a la controversia, la ministra Rojas reiteró el compromiso de su cartera con el medio ambiente y subrayó su respeto ante el fallo del tribunal. Sin embargo, también destacó la posibilidad de que la Corte Suprema se pronuncie sobre la materia, dado que el fallo tiene múltiples implicaciones legales. "Recuerden que tengo que resguardar nuestro patrimonio natural, especialmente en zonas de alto valor ecológico como el Archipiélago de Humboldt", insistió Rojas. Su administración ha declarado más áreas protegidas que en cualquier otro gobierno, lo que es un punto destacado en su gestión.

Por otro lado, la empresa Andes Iron, detrás de este megaproyecto, ha manifestado su deseo de que esta nueva resolución ponga fin a lo que consideran una “judicialización interminable”. Mientras tanto, la ministra de Minería, Aurora Williams, aludió a que el Gobierno está evaluando las implicaciones del fallo, observando que el oponerse a decisiones de otros poderes del Estado no es una práctica común.

Como si fuera poco, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, agregó que la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental busca mejorar la calidad de las evaluaciones y agilizar los procesos. "Es hora de reducir el componente político en la toma de decisiones ambientales y centrarnos en la eficiencia y calidad de las evaluaciones", concluyó.

Con el ambiente de incertidumbre que rodea al proyecto y las tensiones políticas en aumento, muchos se preguntan: ¿Qué futuro le espera al proyecto Dominga y cuál será el impacto en la política ambiental en Chile? La respuesta podría tener repercusiones no solo en la economía del país, sino también en su medio ambiente.