El escándalo en torno al Caso Monsalve ha desatado una tormenta de críticas hacia el Gobierno, en particular por la falta de activación del Protocolo de la Ley Karin, después de que se hiciera pública la denuncia de violación y abuso sexual en contra de Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior.

El Ministerio del Interior ha justificado su accionar mediante una declaración pública, indicando que la ley no se aplicó en este caso porque la denuncia fue presentada directamente ante el Ministerio Público y no a través de los canales normales del gobierno.

Sin embargo, el problema radica en que, según los informes, el protocolo establecido por esta normativa aún no había sido completamente implementado cuando la denuncia salió a la luz el 17 de octubre.

Según el diario La Segunda, la Contraloría General de la República había estipulado que el plazo para tener el protocolo en marcha era el 1 de septiembre. No obstante, fue solo el 19 de noviembre que Luis Cordero, el nuevo subsecretario del Interior, logró completar la tramitación del decreto que autoriza el Manual de Procedimientos Disciplinarios de esa subsecretaría.

El Ministerio del Interior se ha defendido al afirmar que, a pesar de no activar la Ley Karin, sí iniciaron un sumario administrativo e instaron a la víctima a buscar ayuda psicológica en la Mutual de Seguridad. "Todas las medidas han estado dirigidas al cumplimiento estricto de la ley y al máximo resguardo de la víctima", se aseguró en una declaración emitida el 19 de octubre.

Este suceso no solo ha desencadenado una ola de críticas, sino que también ha levantado interrogantes sobre la efectividad de los protocolos de protección para las víctimas en casos de abuso. La comunidad y diversas organizaciones están exigiendo claridad y acción inmediata para que estas normativas no solo existan en papel, sino que sean efectivas y operativas en momentos críticos. ¿Logrará el Gobierno recuperar la confianza de la ciudadanía ante este tipo de controversias?