Este lunes, en una jugada que ha sorprendido a muchos, los diputados del Partido Republicano presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE), alegando una serie de presuntas prácticas anticompetitivas entre Codelco y Enami. Esta denuncia se centra en la controversial adquisición del 10% de la minera Quebrada Blanca (QB2) y la compra de la minera Salar Blanco, que poseen un impacto significativo en la economía chilena.

Los datos reveladores incluyen que Enami vendió su participación del 10% en QB2 a CODELCO por un impresionante monto de US$520 millones. Sin embargo, los republicanos argumentan que de esa suma, se pagaron solo US$182 millones al contado, dejando un saldo de US$338 millones a ser abonados en un plazo de 120 días. Esta discrepancia ha encendido las alarmas, ya que afirman que el valor de venta es notablemente inferior al valor de mercado real.

"La venta es percibida como opaca, sin información pública que explique cómo se determinó el precio", afirmaron los denunciantes, despertando así más inquietudes sobre la transparencia en estas transacciones.

Pero eso no es todo. En cuanto a la adquisición de Salar Blanco, que ocurrió en agosto de 2023, está situada en el corazón de una reserva vital de litio en el Salar de Maricunga. Se sospecha que Codelco pudo haber boicoteado la venta de esta mina a terceros, utilizando su posición dominante para asegurarse el control total de un recurso estratégico.

Los republicanos advierten que esta operación de compra entre Enami y Codelco no solo fue discriminatoria, sino que también resultó en la pérdida de activos estratégicos para el Estado, lo que es alarmante en un contexto donde la economía chilena depende en gran medida de su sector minero.

Además, esta situación plantea una seria cuestión de falta de transparencia. El precio de venta evidentemente inferior al valor de mercado sugiere prácticas anticompetitivas que merecen una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.

Las preocupaciones no solo se limitan al ámbito económico, sino que también impactan en el orden público económico, que está protegido por la legislación chilena, especialmente el Decreto Ley 211 sobre la libre competencia. Los republicanos exigen que se investigue a fondo estas transacciones entre Codelco y Enami, y que se analice si las acciones constituyen infracciones a la libre competencia. Si se determina que efectivamente hubo irregularidades, solicitan que se impongan sanciones a los involucrados según la normativa vigente.

Este escándalo en el sector minero es solo una muestra de los desafíos que enfrenta Chile en su camino hacia la regulación adecuada de sus recursos naturales en un mundo donde la competitividad es clave. ¡Estaremos atentos a cómo avanza esta situación!