Este jueves, la denuncia criminal por fraude al fisco presentada contra el presidente Gabriel Boric ha captado la atención del país, después de que se frustrara la compra de la emblemática casa de Salvador Allende. La Fiscalía, al tratarse de actos relacionados con funcionarios públicos, tiene la obligación de investigar a fondo.

La acción legal fue interpuesta el miércoles ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por Raimundo Palamara, abogado y militante del Partido Republicano, en representación de la fundación Fuerza Ciudadana.

En la denuncia, se sostiene que la compra de la casa ubicada en Guardia Vieja 392, en Providencia, no debía llevarse a cabo porque una de las propietarias es la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, nieta del expresidente. Este vínculo familiar y su rol como colaboradora del presidente Boric la inhabilitan para acordar contratos con el Estado, una situación similar a la de su tía, la senadora Isabel Allende.

A pesar de ello, el 30 de diciembre se firmó el contrato de compraventa por un total de $933 millones, en el cual un abogado representaba tanto a ella como a la senadora y otros propietarios. Al hacerse público el escándalo, el Gobierno tomó la decisión de frenar la operación antes de que la documentación fuera entregada a la Contraloría para su revisión.

No obstante, Palamara resalta que el presidente Boric estuvo involucrado al firmar el decreto del Ministerio de Bienes Nacionales que autorizaba la transacción. Argumenta que, aunque intenten revertir la situación, el delito se consumó en el momento de la firma del decreto.

La Fiscalía no podrá hacer uso del "principio de oportunidad", lo que significa que tienen que abrir una investigación sobre los hechos denunciados. Como parte del proceso, Palamara también ha presentado una queja ante la Contraloría contra Maya Fernández, pidiendo su separación del cargo por haber celebrado indebidamente un contrato con el Estado.

El plan original contemplaba la creación de un museo en honor a Salvador Allende, así como otro en homenaje al exmandatario Patricio Aylwin. Sin embargo, la frustrada compra de la casa de Allende ha puesto en la cuerda floja todo este proyecto cultural.

En una reacción a este escándalo, el presidente Boric solicitó la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, como parte de la gestión para distanciarse del fracaso de la operación.

Mientras se detuvo el proceso de adquisición de la casa de Allende, la compra de propiedades correspondientes al expresidente Aylwin se ha concretado en dos inmuebles contiguos en Arturo Medina 3678 y 3684, por $1.300 millones en total. Los actuales propietarios son Miguel y Mariana Aylwin Oyarzún. ¿Qué consecuencias tendrá este escándalo para el gobierno de Boric? ¡Estaremos atentos a las próximas revelaciones!