Un destacado abogado en derechos humanos ha decidido salir de la Corte Penal Internacional (CPI) en un gesto de protesta ante lo que él considera una inexcusable falta de acción para procesar a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Claudio Grossman, un chileno con un currículum impresionante que incluye ser exdecano de la facultad de Derecho de la American University en Washington y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo esta sorprendente elección para alzar la voz por el sufrimiento del pueblo venezolano.

Desde su nombramiento como asesor especial del fiscal Karim Khan en noviembre de 2021, Grossman se vio obligado a lidiar con una situación alarmante respecto a los derechos humanos en Venezuela, donde el régimen ha sido señalado por torturas, detenciones arbitrarias y otros abusos sistemáticos. En un correo electrónico contundente, manifestó que su ética profesional le impedía permanecer callado ante la continuada represión y violaciones de derechos humanos sin que la CPI tomara cartas en el asunto.

“Ya no puedo justificar la elección de no tomar las medidas serias correspondientes contra los autores de las graves violaciones”, escribió Grossman, quien decidió no renovar su contrato después de recibir una oferta de Khan. Esta decisión refleja la creciente frustración dentro de la comunidad internacional respecto a la respuesta de la CPI ante la crisis venezolana.

Mientras Maduro prevé asumir un tercer mandato en un contexto electoral manchado por acusaciones de fraude y represión, el clamor por la justicia se convierte en un asunto urgente. Más de 2,000 personas fueron detenidas en las recientes elecciones y al menos 20 perdieron la vida en medio de la violencia postelectoral. La CPI ha sido criticada por no actuar a pesar de un informe de más de tres años sobre las atrocidades cometidas bajo el gobierno de Maduro.

Por otro lado, el fiscal Karim Khan enfrenta presiones crecientes no solo por su falta de acción ante la crisis en Venezuela, sino también por acusaciones de conducta inapropiada y por solicitar la detención del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el contexto de crímenes de guerra en Gaza. Esto ha llevado a muchos a cuestionar su foco de atención y si realmente está comprometido con la justicia internacional.

Las autoridades estadounidenses y varios líderes latinoamericanos han instado a la CPI a que inicie procesos judiciales, argumentando que no hay justificación para que la corte permanezca inactiva ante la situación crítica que viven los venezolanos. “Lo que está en juego es la vida y el bienestar de los venezolanos”, afirmaron líderes opositores, instando a una respuesta más contundente de la CPI.

Adicionalmente, observadores independientes resaltan que la CPI aplica un doble rasero en sus investigaciones. Mientras el tribunal ha actuado con rapidez contra figuras internacionales en otros escenarios, ha mostrado reticencia en el caso venezolano. La percepción de impunidad y la falta de acción pueden alimentar las dudas sobre la efectividad de la CPI como un organismo de justicia internacional.

A raíz de esta situación, y a pesar de la insistencia de la comunidad internacional en que debe haber una respuesta clara y contundente, muchos en América Latina permanecen expectantes, a la espera de que la CPI tome medidas decisivas para llevar a la justicia a los responsables de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. La salida de Grossman es solo una muestra más de la creciente frustración con la inacción de la CPI y un llamado a la acción que no puede ser ignorado.