Una nueva controversia ha estallado en La Florida, y esta vez involucra al exfiscal Manuel Guerra y al alcalde Rodolfo Carter. La polémica no está relacionada con los familiares de Carter, sino con la reciente contratación de Guerra en la Defensoría de la Gente.

Hasta la semana pasada, Guerra ocupaba un cargo clave en esta institución, pero su renuncia fue abrupta debido a una investigación en su contra, vinculada a sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla en el escandaloso caso conocido como 'Audio'.

Para añadir más leña al fuego, emergieron diálogos perturbadores en los que Guerra se refería a Carter como 'entero de maraco', un insulto bastante fuerte, en pláticas previas a su colaboración. Esto motivó a Carter a responder con indignación a la prensa, alegando que la decisión de contratar a Guerra fue tomada por el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (Cosoc) y no por él directamente.

“Decidí que la responsabilidad del nombramiento recayera sobre la sociedad civil”, afirmó Carter, quien afirmó que intervino únicamente para asegurarse de que se consideraran al menos tres candidatos relevantes.

La verdad desnuda: Carter en problemas

Sin embargo, el medio Fast Check ha desmentido a Carter. Según su investigación, el Cosoc no tiene la facultad para hacer contrataciones y sugieren que el alcalde pretendía declarar desierto el concurso para presentar a Guerra como único candidato.

En una acta extraordinaria, Carter argumentó que los currículums recibidos no eran satisfactorios y necesitaban un candidato con carácter y experiencia, lo que llevó a su solicitud al consejo para que se descartara la convocatoria pública.

Hoy, los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini han llevado este asunto a un nivel superior al presentar un requerimiento formal a la Contraloría General, exigiendo una investigación sobre los contratos de Guerra con la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (AMSZO), la Municipalidad de Providencia, La Florida y más. Manouchehri insinuó que estos contratos podrían haber sido una especie de recompensa por favor alguno relacionado con casos de impunidad.

Mientras tanto, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, sostiene que es imperativo permitir que sea la justicia la que determine si hubo irregularidades en la gestión de Guerra.

En respuesta, la Municipalidad de La Florida afirmó que hasta el momento no han recibido notificación de la Contraloría sobre este requerimiento. Aseguraron que, una vez notificados, se procederán a analizar la información y contestarán al organismo fiscalizador oportunamente dentro de los plazos legales.

Este escándalo sigue desarrollándose y pone en evidencia la grave falta de transparencia en las operaciones de las autoridades de La Florida. ¿Qué más saldrá a la luz en este enredo? ¡No te lo pierdas!