Después de meses de inactividad en la investigación principal del caso Fundaciones, esta mañana la Fiscalía informó que la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpió en 14 domicilios en Santiago y Concepción dentro del marco del caso por Convenios, marcando un giro inesperado en la trama. Entre los lugares registrados se encontraban las propiedades de Alberto Larraín, cofundador de la Fundación ProCultura, y María Constanza Gómez, representante legal de la ONG.

Durante los allanamientos, la PDI recuperó el servidor perdido de la ONG, que había eludido las solicitudes anteriores del equipo investigador. Además, se encontraron múltiples dispositivos electrónicos, incluidos CPUs, notebooks, laptops, discos duros externos, tabletas, teléfonos celulares, pendrives, chips telefónicos y documentos cruciales para el caso. Curiosamente, algunos de estos artefactos habían sido reportados como extraviados por la propia organización.

Los registros no se limitaron solo a Larraín y Gómez, sino que también se dirigieron a una amplia gama de personal de la fundación, desde directores y jefes de unidades hasta contadores y empleados operativos, reflejando la magnitud de la investigación, según reportó el Ministerio Público.

Las órdenes de registro, lideradas por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, fueron emitidas hace semanas, pero se esperaba a que los agentes estuvieran disponibles para realizar los allanamientos de forma simultánea, con el objetivo de minimizar la posibilidad de fuga de información por parte de los involucrados.

Larraín y Gómez fueron convocados a declarar el día anterior a los allanamientos, pero ambos optaron por ejercer su derecho al silencio, una decisión que aumenta la sospecha en un caso que ya está lleno de controversias.

Este episodio se produce justo después de que Susana Borzutzky, abogada de ProCultura, anunciara su renuncia a defender la institución y a sus principales controladores. Borzutzky explicó que las diferencias sobre la estrategia legal fueron el motivo de su salida. "Confirmamos que hemos renunciado a la representación de ProCultura debido a diferentes visiones con los clientes sobre la estrategia legal a seguir en la causa", afirmaron desde Barruel y Borzutzky Abogados.

La situación se tornó aún más tensa tras las declaraciones de Irina Karamanos, socióloga y exprimera dama, quien negó rotundamente haber realizado aportes a la fundación que llevan su nombre. Sin embargo, la Brigada Anticorrupción había detectado fondos que supuestamente fueron abonados, lo que se reveló en un informe del Laboratorio de Criminalística, tal como se adelantó por El Mostrador.

Karamanos emitió un comunicado en la madrugada del 3 de octubre negando haber abonado cualquier monto, pero el mismo día, Borzutzky contradijo estas afirmaciones, confirmando que efectivamente se llevaron a cabo dichos abonos como parte de una "devolución" de dinero. Este escándalo está lejos de resolverse y podría llevar a nuevas revelaciones impactantes sobre la Fundación ProCultura y sus finanzas.