La Fiscalía está tras la pista de un inquietante pacto secreto que involucra a la Compañía General de Electricidad (CGE), un abogado que supuestamente defendía a las víctimas de los devastadores incendios forestales de 2016-2017, y dos alcaldes de comunas afectadas. Este escándalo salió a la luz tras la presentación de una querella criminal por cohecho y delitos relacionados, lo que desencadenó una investigación por parte de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los exclientes del abogado Arturo Correa Cuevas han acusado al profesional de desviar millonarios acuerdos hacia su beneficio personal, mientras él prometía defender sus intereses. Sorprendentemente, se estima que la CGE desembolsó un total de $5.370 millones en un acuerdo extrajudicial con las 14 víctimas que el abogado representaba. Sin embargo, la mayoría de este dinero terminó en los bolsillos de Correa Cuevas, quienes han alegado que traicionó abiertamente a sus representados.

Cabe señalar que, tras los acuerdos alcanzados, los gerentes de CGE que enfrentaban cargos fueron sobreseídos, lo que plantea serias dudas sobre el proceso judicial. Lo más insólito es que el mismo estudio de abogados que defendía a los ejecutivos de CGE ahora representa a Correa Cuevas en la causa contra él.

En su perfil de LinkedIn, Correa Cuevas se presenta como un experto en diversas áreas legales, incluyendo temas ambientales y comerciales, pero su reputación ha quedado gravemente comprometida ahora. Las municipalidades de Marchigüe y Paredones contrataron sus servicios, convencidas de que buscaría una reparación ambiental, aunque las compensaciones monetarias son poco frecuentes en este tipo de demandas.

El acuerdo firmado el 30 de abril de 2019 incluye compromisos de CGE para financiar planes de reparación ambiental, pero lo más alarmante es que ese mismo acuerdo no implicaba un reconocimiento de responsabilidad por parte de la empresa. Además, garantizó el pago de honorarios a Correa Cuevas por $370 millones, lo que hace más intrigante el asunto, ya que la empresa se aseguró de que se mantuviera la confidencialidad del mismo, bloqueando cualquier acceso a los detalles del acuerdo.

El abogado de las víctimas, que se presentó como protector de sus intereses, terminó siendo un jugador clave en un extraño juego de intereses. En total, Correa Cuevas se quedó con $2.870 millones, gracias a un contrato que muchos consideran espurio y mal hecho.

Pese a las denuncias, fue solo días después de firmar el acuerdo que Correa Cuevas comenzó a presentar desistimientos de las querellas contra los directivos de CGE. Esto dejó a muchas de las víctimas en la incertidumbre, ya que continuaron con el proceso judicial, que fue finalmente suspendido tras el pago de indemnicaciones menores de lo esperado.

Los exalcaldes involucrados han rechazado las acusaciones en su contra, calificándolas de infundadas y afirmando que actuaron de buena fe en la búsqueda de reparaciones ambientales. Sin embargo, la controversia sigue creciendo, ya que el vínculo entre CGE, Correa Cuevas y los alcaldes fue denunciado como un posible delito de corrupción.

Las ramificaciones de este escándalo continúan desarrollándose, y aunque la CGE y los involucrados han evitado dar respuestas claras, la historia ha desatado oleadas de desconfianza sobre el sistema judicial y las relaciones entre el sector privado y los funcionarios públicos. ¡Este es un caso que promete llevar muchas sorpresas y donde la verdad aún está por descubrirse!