Mientras el Presidente Gabriel Boric regresaba de Brasil tras participar en la Cumbre del G20, una tormenta política estaba a punto de estallar en La Moneda. Desde el 14 de octubre, al menos 11 funcionarios y autoridades del gobierno ya conocían la denuncia por abuso sexual y violación contra el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, cuyo caso llegó a los medios de comunicación el 17 de octubre.

El Presidente Boric reveló en su declaración ante la Fiscalía que fue informado de la denuncia el martes 15 de octubre a las 16:00 horas por la ministra del Interior, Carolina Tohá. Esta, a su vez, recibió la información del director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna. Sin embargo, lo que surge como un cuestionamiento inesperado es: ¿por qué, a pesar de la gravedad de las acusaciones, se mantuvo a Monsalve en su puesto hasta que la noticia se hizo pública?

La situación se complicó aún más cuando se conocieron detalles sobre la noche del 22 de septiembre, cuando Monsalve salió a cenar con la denunciante en el Hotel Panamericano. En su declaración, el jefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente, aseguró que este admitió haber perdido la conciencia tras tomar varios pisco sour, lo que generó dudas sobre lo que realmente ocurrió esa noche.

La denunciante, quien se sintió atrapada en un sistema que la asustaba, reveló que confió en varios funcionarios, incluidos el sociólogo Camilo Araneda y otros asesores del gobierno, buscando apoyo para denunciar lo sucedido. Algunos, como la periodista Ilse Sepúlveda, le ofrecieron consejo, pero ella siguió temerosa de dar el paso a la denuncia formal.

Este caso no solo ha generado una crisis en el interior del gobierno, poniendo en la cuerda floja a ministros que ahora se sienten traicionados por no haber sido informados a tiempo, sino que también toca fibras sensibles en una era en que la lucha contra el abuso y la violencia de género está en el centro del debate político y social en Chile.

En medio del caos, el futuro del subsecretario Monsalve es incierto, con una posible condena de hasta 15 años de prisión. La situación pone de manifiesto la falta de protocolos claros y la necesidad urgente de un cambio en la cultura institucional que protege a los agresores en lugar de a las víctimas. ¿Qué pasará ahora en La Moneda? La comunidad nacional espera respuestas claras y acciones contundentes.