Este jueves, el fiscal Cristian Aguilar presentó ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta una solicitud de desafuero contra la diputada Catalina Pérez, en el contexto del controversial caso Democracia Viva que ha captado la atención del país.

Desde el principio, la diputada, exmiembro del Frente Amplio, ha estado en el ojo del huracán debido a su supuesta implicación en irregularidades relacionadas con el traslado de más de $400 millones a una organización, cuyo líder, Daniel Andrade, fue su pareja. Por si fuera poco, el responsable de autorizar el traspaso de esos fondos fue Carlos Contreras, quien se desempeñó como jefe de gabinete de la diputada.

La solicitud del fiscal ha tomado fuerza tras los informes de la Policía de Investigaciones (PDI), los cuales sugieren que Pérez tenía conocimiento de los tratos. Según el documento: “Conforme a los diálogos transcritos, doña Catalina Pérez Salinas habría tenido conocimiento desde julio del año 2022 del vínculo de su pareja, Daniel Andrade, y Carlos Contreras, donde hay dinero involucrado y convenios con éste.”

Este escándalo ha desatado un debate nacional sobre la ética en la política y la transparencia en la administración pública. Muchos se preguntan si Catalina Pérez deberá enfrentarse a consecuencias legales más serias. Mientras tanto, la ciudadanía se mantiene atenta a los desarrollos de este caso que promete revelaciones sorprendentes.

Además, los analistas políticos destacan la posible influencia de este caso en las próximas elecciones, poniendo en jaque no solo la carrera de Pérez, sino también la imagen de su partido. ¿Qué pasará con su futuro político? La tensión crece, y todos esperan respuestas. ¡Este drama político no ha hecho más que comenzar!