Un escándalo ha estallado en la Municipalidad de Las Condes, que se enteró de una demanda gracias a la prensa. La Constructora Sudamericana Chile (Cosud), responsable de la edificación de un polémico edificio de integración social en Avenida Cristóbal Colón N° 7.337, ha presentado una denuncia alegando ‘indefensión absoluta’ por parte de la alcaldía liderada por Catalina San Martín, tras un supuesto incumplimiento de contrato.

Según la denuncia, la empresa acusa al municipio de no haber pagado por obras extraordinarias y adicionales, lo que ha desatado una serie de reclamos que podrían costarle a la municipalidad más de $2.150 millones en indemnizaciones. Es importante destacar que este proyecto, que incluye 15 pisos y está destinado a albergar 85 viviendas sociales, fue anunciado con gran pompa, pero ahora la situación ha tomado un giro legal inesperado.

La demanda también apunta a que la municipalidad debe hacerse cargo del aumento de costos de los materiales durante la construcción, la cual fue impactada por las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. Curiosamente, aunque la demanda va dirigida hacia la actual administración de San Martín, el conflicto se originó durante el mandato de Joaquín Lavín.

El 3 de febrero de 2025, el municipio fue oficialmente notificado de la demanda, pero no respondió dentro del plazo establecido, lo que llevó al tribunal a declararlo en rebeldía. Sin embargo, tras la revelación del caso por parte de Diario Financiero el 31 de marzo de 2025, los abogados de la municipalidad se movieron rápidamente para solicitar la rescisión de toda la actuación hasta ese momento, alegando que no fueron debidamente notificados de la demanda.

El municipio argumentó que, debido a la falta de notificación válida, se encuentra en una situación de indefensión, sin la oportunidad de presentar alegaciones o defensas apropiadas. La letrada de la alcaldía, Alicia De la Cruz Millar, enfatizó que esto impide al municipio actuar correctamente ante la demanda que ha sido presentada por Cosud.

En el expediente judicial consta que, desde el inicio de este proyecto, Las Condes adjudicó la licitación el 20 de diciembre de 2019 por un monto fijado en $10.961 millones, garantizando, entre otras cosas, la construcción de un centro comunitario de cinco pisos. La constructora sostiene que el contrato se ha ejecutado conforme a lo estipulado, aunque hubo paralizaciones y modificaciones debido a la pandemia, que extendieron el plazo de ejecución de 389 a 926 días corridos, lo que representa un desafío adicional para ambas partes.

Los problemas financieros derivados de la pandemia han exacerbado las tensiones en esta situación, provocando que, mientras algunas empresas caen en la insolvencia, otros proyectos, como este, enfrentan litigios y complicaciones legales que podrían tener repercusiones duraderas. En un momento donde la construcción social debería fortalecer a la comunidad, este caso plantea serias dudas sobre la gestión pública y la transparencia. ¡Estaremos atentos a más detalles y al desenlace de este escándalo en Las Condes!