Un sorprendente caso de inasistencia laboral ha sacudido al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en el Maule. Desde 2021, Felipe Ramírez Cárcamo, supervisor técnico y presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio (ANTRAP), ha ido a trabajar en su puesto solamente en contadas ocasiones, alegando un uso exhaustivo de horas gremiales.

Cada lunes, desde el 2021, la Dirección Regional de Mejor Niñez recibe un correo que justifica la inasistencia de Ramírez por su función como dirigente sindical, el cual se ha convertido en un simple trámite burocrático. Sin embargo, la verdadera situación es sorprendentemente preocupante: el funcionario ha sido oficialmente `inasistente` en los registros, mostrando un alarmante impacto en sus compañeros, quienes deben cargar con una sobrecarga laboral significativa.

La indignación creció cuando un correo anónimo reveló la situación, generando que la directora subrogante del Servicio, Victoria Becerra, iniciara un sumario administrativo para investigar estos hechos. Se sabe que en la Región del Maule hay solo 12 supervisores encargados de atender a más de 9.500 niños, niñas y adolescentes, lo que nos hace preguntar: ¿Cómo es posible que un dirigente descuide su deber y afecte a su equipo?

El rol de un supervisor técnico incluye la supervisión de más de 100 proyectos en la región, actividades que son cruciales para brindar una atención efectiva y de calidad a los menores vulnerables. Pero con Ramírez ausente, sus compañeros están desbordados, lo que está llevando a una crisis de atención en la institución.

Mientras tanto, Ramírez justifica su falta de horas en terreno argumentando que efectúa constantes viajes a Santiago y otros lugares del país para asistir a reuniones y gestionar los intereses de los más de 1.200 miembros que representa. Sin embargo, esto tan solo plantea un dilema ético: ¿se debe permitir que un dirigente sindical utilice su poder para ausentarse de sus responsabilidades laborales?

Además, se ha revelado que Ramírez goza de una remuneración atractiva de casi 2 millones de pesos chilenos, a pesar de no cumplir con sus funciones básicas, y ha estado en un grado que ha aumentado por negociaciones entre trabajadores y directivos. Sin estar sujeto a evaluaciones de desempeño desde al menos 2016, surge la pregunta: ¿Es justo que mantenga este privilegio sin cumplir sus obligaciones?

La situación está lejos de resolverse, ya que la investigación sigue su curso bajo el mando del fiscal Claudio Zúñiga. Muchos en la comunidad de Mejor Niñez se preguntan si habrá consecuencias reales para Ramírez o si simplemente se repetirá el ciclo de impunidad que, lamentablemente, ha caracterizado a ciertos sectores públicos en Chile. La verdad debe salir a la luz, y cada día sin respuesta agudiza la crisis dentro del Servicio.