Un sorprendente escándalo ha emergido en la Municipalidad de Puente Alto, donde un empresario, Daniel Morales, ha hecho una grave denuncia: asegura que un alto directivo municipal le solicitó $5 millones para extender su contrato. La revelación se realiza a través de audios que el empresario compartió en WhatsApp, en los que expone detalles de una reunión con Emardo Hantelmann, director de Medio Ambiente del municipio.

En los audios, Morales explica que Hantelmann le informó sobre un recorte a su contrato y, durante esa misma reunión, le hizo la petición del dinero: "Me decía que necesitaba $5 millones y que viera la forma de qué ítem poder ampliar". Esta solicitud de Hantelmann se produce en un contexto donde Morales había recibido órdenes de compra por más de $33,5 mil millones desde el 2018. Sin embargo, los recortes en sus contratos han generado tensiones.

Aunque la municipalidad ha negado la solicitud de dinero, han confirmado que la reunión efectivamente ocurrió y se habló de los $5 millones, aunque Hantelmann indicó que se refería a posibles multas por incumplimientos, lo que ha despertado aún más sospechas.

El caso ha cobrado relevancia debido a la cantidad de contratos que ha manejado Morales a través de sus empresas, que han crecido de manera significativa en los últimos años. Sin embargo, todo ha cambiado drásticamente en 2023, año en que Morales impugnó una licitación de recolección de residuos y se forzó un cambio en la forma en que se adjudican los contratos, lo que ha acentuado el conflicto entre él y la municipalidad.

Ampliando sobre esta situación, es importante señalar que, según se ha informado, Morales no fue el único que sintió la presión de las autoridades municipales. Personal de la ciudad también ha sido presuntamente instado a participar en maniobras que podrían implicar irregularidades, lo que ha llevado a un clima de desconfianza y recelo entre empresarios y funcionarios.

Lo que se presenta como un hecho aislado ha abierto un debate más profundo sobre la transparencia en la contratación pública en Chile y ha despertado interrogantes sobre la capacidad del municipio para gestionar correctamente los recursos públicos.

No se ha hecho esperar la reacción de los concejales de Puente Alto, quienes se mostraron sorprendidos por las revelaciones y comenzaron a cuestionar la gestión del director de Medio Ambiente, un tema que seguramente continuará ocupando el debate político en la región. La calidad y el costo de los servicios brindados a la comunidad están ahora bajo un microscopio, y las implicaciones de este escándalo pueden tener un impacto duradero en la política local.

Mientras tanto, Morales se encuentra en una encrucijada, enfrentando tanto a la municipalidad como al escrutinio público, y ya hay quienes especulan sobre posibles represalias y la necesidad de una investigación más profunda. Este caso no solo involucra email o cifras, sino que establece un patrón que podría comprometer la integridad de la administración pública en Puente Alto.

Ahora se espera que tanto Morales como Hantelmann sean llamados a declarar en el consejo municipal para esclarecer estos hechos, y varios grupos ciudadanos han comenzado a solicitar una auditoría completa a los contratos otorgados en la gestión actual de la municipalidad, buscando asegurar que la transparencia y la legalidad se mantengan como principios fundamentales en la administración pública.