Un escándalo que ha sacudido a la comunidad se desató en agosto de 2021, cuando se firmó un acuerdo de cooperación entre las municipalidades de Recoleta y Estación Central, acuerdo que fue declarado ilegal por la Contraloría General. Este conocido como el “Convenio de Asociatividad, Colaboración y Cooperación Mutua”, fue impulsado por el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz.

Este jueves 3 de octubre, la Contraloría envió los resultados de su pesquisa a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), señalando que los términos del acuerdo, que parecían prometedores, “no se ajustan al marco legal descrito”, ya que los objetivos eran demasiado genéricos. Según el sorprendente informe accesible a La Tercera, ambos municipios buscaban colaborar para lograr “soluciones comunes para sus municipalidades y vecinos”. Sin embargo, las irregularidades han llevado a la Contraloría a exigir que el convenio sea anulado de inmediato.

Además, la Contraloría resaltó que el municipio de Recoleta ya había sido advertido en 2011 sobre fallas similares en un convenio con la Municipalidad de Mostazal. Esto plantea serias dudas sobre si la gestión de Jadue está errando al repetir acuerdos con condiciones cuestionables. La autoridad subrogante, Dorothy Pérez, instó a Recoleta a abstenerse de continuar con convenios similares bajo términos tan inadecuados.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por un funcionario municipal, lo que llevó a la Contraloría a indagar irregularidades administrativas. Entre las acusaciones más graves, el exconcejal Mauricio Smok solicitó a la fiscal Giovanna Herrera que expandiera su investigación a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), donde el exalcalde Jadue se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario.

La denuncia y la investigación arrojaron que el ahora impugnado convenio favoreció la designación de Juan Hernández, un funcionario de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Recoleta, quien fue enviado a Estación Central para realizar una “comisión de servicio”. Este movimiento no solo fue considerado ilegal por la Contraloría, sino que también advirtió que Hernández recibió un doble sueldo, lo cual generó un orden de reintegro de la diferencia no pagada.

Adicionalmente, una firma inmobiliaria denunció que Hernández había tomado decisiones “injustas” para prolongar de manera indebida la entrega de permisos, supuestamente para obligar a las empresas a realizar pagos adicionales. Aunque la Contraloría no se refiere directamente a esta acusación, dejó claro que cualquier irregularidad de tal índole debe ser investigada por el Ministerio Público.

Este escándalo deja en la cuerda floja a la administración de Jadue, cuestionando no solo su gestión, sino también la integridad de su equipo. Los residentes de Recoleta y Estación Central exigen explicaciones, y el impacto de esta declaración podría resonar en futuros convenios entre municipalidades. ¡Estaremos atentos a cómo se desarrollan estas intrigantes pesquisas! Los vecinos merecen transparencia y justicia en sus administraciones!