La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha elevado serias acusaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, sugiriendo la existencia de "crímenes de lesa humanidad" antes, durante y después de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio. Este evento electoral estuvo marcado por una feroz persecución de opositores y la represión brutal de protestas.

En un impactante informe de 158 páginas que abarca el periodo del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, la misión expone que las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados afines al régimen habrían estado involucrados en asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, así como en actos de violencia sexual y de género.

Las fuerzas de seguridad habrían cometido violaciones de derechos humanos de forma masiva, con detenciones arbitrarias y un uso desproporcionado de la fuerza para reprimir protestas, siendo responsables, entre otros, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional.

Además, el informe sostiene que las declaraciones de las autoridades del Estado, especialmente después del 28 de julio, incitaron a la represión y crearon un clima de hostilidad y violencia.

La Misión no solo señala al Consejo Nacional Electoral por incumplir las normas de transparencia y justicia, sino también a la Asamblea Nacional, que actuó como facilitadora en la aprobación de leyes restrictivas sobre los derechos humanos, y denuncia el sistema de justicia por operar sin la debida independencia.

A pesar de que informes anteriores ya habían acusado al régimen venezolano de graves violaciones a los derechos humanos, el presente documento revela que el perfil de las víctimas se ha ampliado significativamente. En este periodo electoral, ciudadanos comunes también fueron objeto de abuso, simplemente por mostrar su desacuerdo con el Gobierno y los resultados anunciados.

Según el informe dirigido por la jurista portuguesa Marta Valiñas, en los 10 meses previos a las elecciones se perpetraron al menos 48 detenciones vinculadas a supuestas conspiraciones del Gobierno, así como 121 detenciones durante la campaña electoral por colaborar con acciones de oposición. Estos abusos se presentaron como justificaciones para la represión específica de militares, políticos y activistas de la sociedad civil.

Tras los resultados electorales, la represión alcanzó niveles alarmantes, con una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedentes. Este incremento de las detenciones se ha comparado con las protestas de años anteriores, como las de 2014, 2017 y 2019, evidenciando un ciclo continuo de violaciones de derechos humanos en Venezuela. La comunidad internacional observa con gran preocupación esta situación, mientras las voces de denuncia siguen aumentando.