En un controversial acuerdo, las municipalidades de Recoleta y Estación Central firmaron en agosto de 2021 un "Convenio de asociatividad, colaboración y cooperación mutua" que ha sido objeto de una rigurosa revisión por parte de la Contraloría. Este informe dictaminó que el convenio, suscrito por los entonces alcaldes Daniel Jadue (PC) y Felipe Muñoz (Ind.-Frente Amplio), es ilegal y ordenó suspender las acciones realizadas bajo sus términos.

La Contraloría no solo cuestionó el acuerdo mencionado, sino que también prohibió a la Municipalidad de Recoleta continuar firmando convenios similares con otras municipalidades. El organismo fiscalizador argumentó que los términos de los convenios son demasiado vagos y no se ajustan a la legalidad vigente, señalando que ya desde 2010, Recoleta había estado celebrando este tipo de convenios sin un marco claramente definido.

¡Pero eso no es todo! Recoleta cuenta actualmente con 24 convenios de colaboración, muchos de los cuales tienen descripciones similares y permiten el intercambio de equipos de trabajo. Mega Investiga revisó estos acuerdos y descubrió que su redacción es casi idéntica, haciendo eco de la preocupación de la Contraloría sobre la falta de especificidad.

Desde la Municipalidad de Recoleta defendieron sus convenios, argumentando que son necesarias para fomentar la colaboración mutua y gestionar proyectos en común. Sin embargo, sus términos están siendo criticados, y el documento emitido por la Contraloría el pasado 2 de octubre exige mayor claridad en futuras firmas.

La Ley Orgánica de Municipalidades permite estos convenios, pero el dilema surge cuando se observa que la redacción genérica ha llevado a cuestionamientos de su validez. Uno de los convenios más recientes, firmado en febrero de 2024 con la Municipalidad de Quilpué, también se enfrenta al mismo tipo de críticas.

Los funcionarios enviados en comisión de servicio bajo estos convenios han sido una constante desde 2013. Según informes de Recoleta, se han enviado a cuatro funcionarios a municipalidades, en contraste con la falta de recepción de empleados de otros municipios.

Un dato alarmante que ha surgido es un convenio específico firmado entre Recoleta y Coyhaique, cuyo objetivo es "fortalecer la experiencia de las Farmacias Populares", con un acuerdo indefinido que obliga a Coyhaique a cubrir varios costos del intercambio. Esto ha comenzado a levantar cejas entre expertos que se preguntan sobre la sostenibilidad de tales acuerdos.

Además, esta situación no termina aquí. La denuncia presentada por el abogado David Cademartori contra el convenio entre Recoleta y Estación Central ha llevado a la Contraloría a remitir el caso al Ministerio Público por posibles irregularidades. Cademartori alega que hubo contrataciones incorrectas y presiones de los municipios a cambio de autorizaciones urbanísticas, lo que podría desencadenar un escándalo aún mayor.

Por ello, se ha abierto una investigación a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, y el exconcejal de Recoleta, Mauricio Smok, ya ha presentado una querella que ha sido aceptada. La situación está lejos de resolverse, y en las próximas semanas podríamos ver revelaciones que impacten al panorama político de la región. ¿Qué pasará con los convenios de colaboración de Recoleta? Solo el tiempo lo dirá!