Un reciente escándalo ha surgido tras la revelación de que los drones alquilados por el Ejército alemán podrían estar siendo empleados en la guerra actual en Oriente Medio por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Este rumor ha sido alimentado por información proporcionada por el Gobierno alemán, lo que ha provocado un intenso debate en la comunidad internacional.

Los drones Heron TP, construidos por Israel y arrendados por Alemania en 2018, son utilizados para operaciones críticas que incluyen el transporte de armas y la vigilancia de objetivos. En medio de la escalada del conflicto en Gaza tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, Alemania decidió organizar el traslado de dos de estos drones a las FDI en "solidaridad con Israel", según el Ministerio de Defensa alemán.

A pesar de que se había informado que los drones estaban destinados a Alemania y que los soldados alemanes estaban recibiendo entrenamiento para su uso en Israel, la situación cambió drásticamente con el estallido de la guerra. Tras la llegada de las hostilidades, el personal militar alemán evacuó, pero el contrato por los drones permaneció activo. Se estima que el valor de este contrato oscila en torno a los 1.000 millones de euros, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la compensación y las implicaciones legales de Alemania en relación a la guerra en Gaza.

Los Heron TP, que son vehículos aéreos no tripulados (UAV) de media altitud y larga resistencia, poseen características impresionantes. Pueden volar por más de 30 horas y a altitudes que superan los 13.000 metros, lo que los hace altamente efectivos en operaciones de vigilancia y ataque. Este aspecto ha generado numerosas críticas, ya que se ha argumentado que el uso de drones podría aumentar el riesgo de víctimas civiles en zonas densamente pobladas como Gaza.

Activistas y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación sobre la utilización de estos drones, señalando que podrían estar violando el derecho internacional. Recientemente, Nicaragua presentó un caso ante la Corte Internacional de Justicia acusando a Alemania de complicidad por proporcionarle a Israel los drones que podrían estar siendo utilizados en violaciones del derecho humanitario.

A pesar de que el Gobierno alemán defendió la relación al aclarar que los drones estaban desarmados durante el entrenamiento, las insinuaciones sobre su uso en el conflicto palestino sigue siendo un tema polémico. Expertos como Max Mutschler del Centro Internacional de Estudios de Conflictos (BICC) han afirmado que, aunque Alemania alquilar drones a otros países no es necesariamente negativo, sí es problemático cuando esos drones se utilizan en situaciones donde se están cometiendo violaciones de derechos humanos.

Además, este caso ha reavivado viejas controversias sobre la decisión de Angela Merkel de arrendar drones de combate, lo que generó divisiones en el Parlamento alemán. Los críticos sostienen que la aceptación de estos armamentos debe ser revisada a la luz de las violaciones documentadas en el conflicto actual.

La cuestión de si Alemania continuará pagando el arrendamiento de estos drones sigue sin resolverse, generando incertidumbre sobre el futuro de la colaboración militar entre Alemania e Israel. La presión internacional y la exigencia de transparencia sobre este acuerdo se han intensificado y continúa captando la atención de los medios y organizaciones de derechos humanos por igual.