La Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) del Perú ha generado controversia al firmar un contrato por 60 millones de dólares con la surcoreana STX Corporation para adquirir 30 vehículos blindados K808, producidos por Hyundai Rotem. Cabe destacar que estos vehículos fueron rechazados el año pasado por el Ejército debido a su alto costo, planteando serias dudas sobre la transparencia de este nuevo acuerdo, como informa el diario La República.

En el proceso de selección realizado por la Comisión de Estudio Técnico Operacional del Ejército (CETO), el costo de cada K808 fue uno de los factores decisivos que llevaron a su descalificación, siendo ofrecidos por un precio de dos millones de dólares cada uno. Aun así, el reciente contrato mantiene el mismo precio, lo que plantea interrogantes sobre la lógica de esta decisión, además de abrir un debate sobre la administración de recursos públicos.

El futuro precio que FAME cobrará al Ejército sigue siendo un misterio; como entidad estatal, se espera que obtenga algún retorno que será reinvertido en la producción nacional de armamento. Sin embargo, esto significa que el Estado adquirirá uno de los vehículos blindados más caros del mercado, a pesar de las alternativas más económicas que se presentaron en el proceso de 2023. Entre estas, modelos como el Lazar III de Yugoimport (Serbia) a 1.990.000 dólares, el Pandur II de Excalibur (República Checa) a 1.989.900 dólares, y el KTO Rosomak de PGZ (Polonia) a 1.975.000 dólares, que no fueron seleccionados.

Además de las preocupaciones sobre el costo, se ha criticado que el Ejército delegara a FAME la responsabilidad de estas adquisiciones, evitando así los procedimientos de selección y evaluación que deberían haber sido aplicados. La cúpula militar, bajo el mando del general de división EP César Briceño, ha sido acusada de simular un estudio de mercado, otorgando este encargo sin la debida evaluación.

El 20 de mayo, FAME selló un acuerdo adicional con STX Corporation y Hyundai Rotem para la creación de una planta de producción de vehículos militares en Perú, ignorando los estudios técnicos realizados anteriormente por la CETO. Esta estrategia ha suscitado preocupaciones sobre el control y la fiscalización de las adquisiciones militares, con la implicación de que se está evadiendo una correcta supervisión. La falta de transparencia sobre este acuerdo y los costos involucrados se suman a un creciente descontento entre los ciudadanos que exigen responsabilidad y claridad en el uso de los fondos públicos.