Introducción

El Gobierno de Chile ha sido objeto de intensas críticas tras anunciar un drástico recorte de $7 mil millones al presupuesto del Ministerio Público para el año 2025, en medio de una alarmante crisis de seguridad que afecta al país.

Contexto del recorte

Esta medida forma parte de un plan de austeridad que contempla recortes totales por $544 mil millones, impulsado por la administración del presidente Gabriel Boric durante este año. Sin embargo, el impacto específico en el Ministerio Público ha despertado la indignación generalizada, pues se considera que este organismo juega un rol crucial en la lucha contra el crimen.

Impacto en áreas críticas

La reducción presupuestaria afecta de manera significativa áreas críticas. En primer lugar, se encuentra el Subtítulo 21 de la Partida 23, que está relacionado con los gastos en personal. Esta disminución obstaculiza la posibilidad de reemplazar fiscales, lo que a su vez podría entorpecer las labores de investigación y la cobertura adecuada de las salas de audiencias.

Asimismo, el Subtítulo 22, que abarca recortes en tecnología, complica la implementación de herramientas esenciales para enfrentar nuevos fenómenos criminales, como el narcotráfico y la violencia organizada. En este contexto, la falta de recursos para adquirir activos no financieros, consignada en el Subtítulo 29, pone en riesgo la seguridad de los fiscales y limita la posibilidad de adquirir tecnología de protección como chalecos antibalas y cámaras de vigilancia.

Reacciones de la oposición

La oposición no ha tardado en reaccionar. El diputado Andrés Longton, miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, anunció que citará a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para que explique estas drásticas reducciones. Longton advirtió que esto representa “un golpe directo a la lucha contra el crimen organizado, en un momento en que Chile enfrenta una ola de violencia sin precedentes.”

“Mientras se asignan mil millones para la compra de la casa de Allende, se deja en indefensión a las familias chilenas,” enfatizó el legislador. En similar tono, el senador de la UDI, José Miguel Durana, expresó su preocupación por que el gobierno no haya priorizado áreas donde se evidencian despilfarros, como el aumento innecesario de funcionarios públicos.

Preocupaciones desde el oficialismo

Desde el oficialismo, algunos miembros coinciden en la gravedad de la situación. El diputado independiente Jaime Araya también ha manifestado su preocupación, señalando que recortar fondos del Ministerio Público, que es fundamental para las investigaciones criminales, carece de lógica y análisis. Ha solicitado una sesión conjunta de la Comisión de Seguridad y la Comisión de Hacienda para buscar soluciones que palien esta crítica situación.

El senador socialista Juan Luis Castro ha calificado el recorte asombroso como un “despropósito”, argumentando que disminuir el gasto público destinado a la Fiscalía Nacional, dedicada a la persecución del delito y la investigación, es francamente inaceptable. Castro aboga por revertir esta medida, ya que su impacto en la seguridad y en la lucha contra la delincuencia es incuestionable.

Consecuencias potenciales

A medida que la crisis de seguridad se agudiza, la falta de recursos para los organismos encargados de combatir el crimen podría tener consecuencias devastadoras para los ciudadanos. La controversia continúa generando un intenso debate político y social sobre la eficacia y prioridades del gobierno actual.