El gobierno ecuatoriano ha dado un paso crucial al asumir el control total del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el segundo oleoducto más importante del país. Este cambio se produce tras la conclusión de un contrato de más de 20 años con un consorcio privado que se encargaba de su construcción y operación.

El Ministerio de Energía anunció en un comunicado que el proceso de entrega del OCP al Estado se completó con éxito el 30 de noviembre de 2024. Esta transición marca un nuevo capítulo en la gestión de recursos hidrocarburíferos en el país.

Durante los próximos seis meses, el Ministerio de Energía, junto con otras entidades gubernamentales, liderará la gestión estratégica de estos activos, garantizando así una operación eficiente y el respeto a los derechos laborales y contratos existentes con terceros. Esta decisión ha sido considerada por el viceministro Guilhermo Ferreira como un traspaso ordenado y transparente que fortalecerá la soberanía energética del país.

Con esta transferencia, Ecuador no solo asume la gestión de una infraestructura clave para su economía, sino que también se abren nuevas oportunidades para mejorar la capacidad de transporte de crudo y reforzar la matriz energética nacional. Esto es vital en un momento en que la demanda de energía sigue creciendo y el país busca diversificar sus fuentes de ingreso.

Es importante mencionar que el contrato de operación de este oleoducto con el consorcio OCP Ecuador S.A. culminó el pasado 10 de noviembre, cuando se intentó buscar una extensión del convenio, propuesta que finalmente no se concretó.

En defensa de los intereses nacionales

El Gobierno ecuatoriano había declarado, hace un mes, que su decisión de no extender el contrato de operación con OCP Ecuador S.A. se basaba en el cumplimiento de sus atribuciones y en la defensa de los intereses del país. La Ley de Hidrocarburos no permitía la prórroga solicitada, lo que llevó a esta crucial decisión.

La construcción y operación del OCP fue autorizada por el Estado ecuatoriano en febrero de 2001, y su gestión comercial comenzó en septiembre de 2003. Este oleoducto, que tiene una longitud de 485 kilómetros y una capacidad de transporte de 450,000 barriles, conecta los campos de extracción de petróleo en la Amazonía ecuatoriana con un puerto en la provincia costera de Esmeraldas, en el Pacífico.

Curiosamente, el OCP corre paralelo al Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), el cual es estatal y tiene una capacidad de 500,000 barriles. Esto plantea interrogantes sobre cómo se gestionará la competencia entre ambos oleoductos y si esta nueva administración estatal logrará eficientizar aún más el transporte de crudo en el país.

La decisión del gobierno podría transformar el panorama energético de Ecuador y atraer nuevas inversiones, pero también presentará desafíos en cuanto a la gestión y operación de un sistema tan estratégico. ¿Estará Ecuador preparado para este nuevo reto?