En un giro sorprendente de los acontecimientos, el juez federal argentino Ariel Lijo ha ordenado la captura internacional de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, por su presunta implicación en gravísimas violaciones de derechos humanos en su país.

Esta revelación fue confirmada el lunes por el abogado argentino Darío Richarte, quien comentó en su cuenta de X: "¡Un poco de luz entre tanta oscuridad! Un poco de justicia para tantas víctimas".

Richarte, destacado profesor de Derecho Penal Internacional en la Universidad de Buenos Aires, había iniciado hace dos años y medio una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, a raíz de una inquietud presentada por sus estudiantes.

"Lo hicimos pro bono y ha sido realmente emocionante contar con el compromiso de tantos docentes y estudiantes en esta causa", señaló. A lo largo de su investigación, Richarte ha quedado atónito por las atrocidades cometidas por el régimen de Ortega. "No hemos perdido la capacidad de asombro ni de horror ante lo que está haciendo esta dictadura en Nicaragua".

En este contexto, organizaciones no gubernamentales han denunciado casos alarmantes de tortura. Según el Colectivo Nicaragua Nunca Más, al menos 229 personas han sido víctimas de torturas tras sus arrestos desde las protestas contra Ortega que estallaron en 2018. En su último informe, la ONG, operando desde el exilio en Costa Rica, reveló la sistematización de estos testimonios.

Se han documentado más de 40 métodos de tortura, incluyendo golpizas, asfixia, descargas eléctricas y quemaduras. De las víctimas, 46 son mujeres y 183 hombres. Este informe subraya cómo, desde el inicio de las protestas, se ha instaurado una política de detenciones arbitrarias con el fin de infundir terror y controlar a la población.

El regimen de Ortega y Murillo ha intensificado la represión tras las manifestaciones de 2018, que dejaron más de 300 muertos según la ONU, mientras que el gobierno descalificó las protestas como un intento de golpe de Estado patrocinado por EE.UU.

El Colectivo ha destacado la "sistematicidad" de los ataques a disidentes y opositores, que se consideran crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, encarcelamientos, torturas y varios tipos de violencia sexual. Este nuevo desarrollo en la búsqueda de justicia podría marcar un hito significativo en la lucha contra la impunidad en Nicaragua.