En una sorpresiva decisión, la Corte de Apelaciones de Chillán ha rechazado la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público contra el gobernador de la región de Ñuble, Óscar Crisóstomo.

Este caso se enmarca en una investigación por presunto cohecho que involucra a la máxima autoridad regional, lo cual ha generado gran revuelo en la opinión pública. La comunidad sigue expectante ante este escándalo que podría impactar la confianza en las instituciones locales.

La Fiscalía, a través de su abogado asesor, ha señalado que están valorando la posibilidad de apelar esta decisión ante la Corte Suprema, lo que podría abrir un nuevo capítulo en esta controversial historia.

El fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez, había sido el encargado de presentar esta solicitud de desafuero, haciendo referencia a hechos ocurridos en 2019, cuando Crisóstomo dejó su cargo como director regional del Serviu. En ese momento, se alega que actuó como intermediario entre organismos estatales y un grupo de ciudadanos en programas habitacionales, lo cual plantea serias dudas sobre la transparencia de su accionar.

Las acusaciones apuntan a que Crisóstomo habría recibido la suma de $23 millones por un presunto soborno de una empresa constructora, que buscaba asegurarse un jugoso contrato para un proyecto habitacional en la región. Este escándalo ha sacudido la política local, y muchos se preguntan si podrán prevalecer la justicia y la integridad en la gestión pública.

La trama detrás de este caso no solo toca a los involucrados directamente, sino que también refleja un sistema que necesita más vigilancia y accountability. ¿Qué consecuencias traerá este rechazo del desafuero? La comunidad de Ñuble sigue en vilo.