Este jueves 21 de noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, quien fue destituido a comienzos de noviembre. Las acusaciones se centran en crímenes de guerra durante el violento conflicto en la Franja de Gaza, que se ha intensificado desde la ofensiva de Hamas el 7 de octubre de 2023, llevando a la muerte de más de 40,000 personas, según fuentes locales.

La CPI también ha considerado una orden de arresto contra Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, conocido como Mohammed Deif, líder de Hamas, acusado de planear ataques que resultaron en 1,200 israelíes muertos y 250 rehenes tomados en ese ataque inicial. De esta cifra, alrededor de un centenar de rehenes siguen en cautiverio.

El fiscal de la CPI, Karm Khan, había solicitado previamente estas órdenes en mayo, alegando motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant tienen responsabilidad directa en la utilización del hambre como estrategia bélica y en ataques dirigidos a civiles.

La CPI, fundadora en 2002 para juzgar abusos que los tribunales nacionales no procesan, ha estado en el centro de controversias, especialmente por las críticas relacionadas con el juicio de los señores de la guerra y dictadores, como el sudanés Omar al-Bashir y figuras rusas implicadas en la invasión a Ucrania. Esta es la primera vez que emite órdenes contra israelíes, lo que ha encendido un debate acalorado en Israel y a nivel internacional.

El gobierno israelí ha rechazado de manera inmediata las acusaciones, con el nuevo ministro de Defensa, Israel Katz, describiendo la decisión de la CPI como una “desgracia moral” y señalando que arrastra al sistema judicial internacional a un “mínimo sin precedentes”. En una declaración impactante, Netanyahu comparó la decisión con el caso Dreyfus, sugiriendo un sesgo antisemita.

Expertos en relaciones internacionales destacan que, a pesar de las condenas, las órdenes de arresto son vinculantes en los 124 países miembros de la CPI. Esto significa que Netanyahu y Gallant corren el riesgo de ser arrestados si pisan alguno de esos territorios. Sin embargo, dado que Israel no es parte de la CPI, los dos actuales líderes no enfrentan extradición, lo que añade una capa de complejidad a la situación.

Por otro lado, las tensiones en la región han aumentado, con Israel enfrentándose no solo a Hamas en Gaza, sino también a Hezbolá en Líbano e Irán, así como a milicias chiitas en Siria e Irak. Este ciclo de violencia podría tener repercusiones a largo plazo para la estabilidad en el Medio Oriente.

Estados Unidos, que no es miembro de la CPI, ha dejado claro que no reconocerá estas órdenes. El congresista republicano Mike Waltz advirtió sobre una “respuesta contundente” contra lo que él califica de sesgo antisemita, mientras que la futura administración de Donald Trump ha manifestado su oposición a cualquier presión sobre Israel proveniente del tribunal.

En medio de esta crisis, algunos analistas sugieren que la percepción internacional de Israel podría cambiar, especialmente si los conflictos continúan escalando. No obstante, el Partido Demócrata en Estados Unidos tiene una postura dividida, apoyando condenas contra Rusia por sus acciones en Ucrania, pero mostrando reticencias ante las acusaciones contra Israel.

A medida que los acontecimientos se desarrollan, el mundo observa de cerca las repercusiones de estas órdenes de arresto sobre la política, seguridad y la diplomacia en la región.