Prohibición polémica en las elecciones de Ecuador

El 3 de abril, la Corte Constitucional de Ecuador dio luz verde a una medida controvertida que prohíbe a los votantes usar sus teléfonos móviles en la segunda vuelta presidencial. Más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a elegir entre el actual presidente, Daniel Noboa, y Luisa Gonzáles, representante del correísmo.

La justificación detrás de la norma

La decisión surgió tras una solicitud del Consejo Nacional Electoral (CNE), argumentada por Noboa, quien alegó sin pruebas que hubo amenazas de bandas criminales instando a los votantes a respaldar a Gonzáles, exigiendo fotos del voto como prueba.

¿Una medida a favor de la democracia?

La Corte defendió la norma como una 'garantía del elector', asegurando que se busca proteger el secreto del voto y la integridad del proceso electoral. Sin embargo, dejó claro que esta prohibición no debería ser vista como un obstáculo para ejercer el derecho al voto.

¿Qué se puede y qué no se puede hacer?

Según las autoridades, el único momento en que está prohibido el uso del celular es al momento de votar, mientras que llevar el dispositivo a la mesa electoral es permitido. No se requerirá que los votantes dejen sus móviles en ningún lugar específico.

Sanciones en juego

Incumplir con esta norma podría resultar en multas de entre 9,000 y 32,000 dólares, además de la pérdida de derechos políticos. Sin embargo, cualquier infracción deberá ser analizada con los principios de legalidad y proporcionalidad.

Reacciones de la candidata Gonzáles

La candidata Luisa Gonzáles no tardó en criticar la decisión, señalando que si la preocupación es la seguridad, ¿por qué no se prohíben los celulares en las cárceles, donde realmente se origina la violencia? Gonzáles argumenta que el gobierno de Noboa opta por reprimir al ciudadano común en lugar de enfrentar a los criminales.

¿Es constitucional la norma?

La controversia sigue viva, ya que el juez Guillermo Ortega del TCE ha planteado dudas sobre la constitucionalidad de la norma. Aunque la Corte buscó proteger el voto secreto, la forma amplia en que se plantea la prohibición genera interrogantes sobre su adecuación y validez.

Conclusión: Un futuro incierto para la democracia ecuatoriana

La nueva norma despierta un debate crucial sobre la transparencia electoral y los derechos ciudadanos. Si bien la Fiscalía está preparada para manejar cualquier incumplimiento, la pregunta sigue en el aire: ¿es esta medida realmente una salvaguarda de la democracia o un paso hacia un control más estricto del ejercicio del voto?