El Tribunal Oral de Cañete ha dictado un veredicto absolutorio para el cabo de la Armada involucrado en el homicidio del comunero mapuche Yordan Llempi Machacán, un trágico acontecimiento ocurrido el 3 de noviembre de 2021 en la región del Bío Bío. Este veredicto ha conmocionado a la comunidad mapuche y a los defensores de derechos humanos en el país.

Durante el juicio, se argumentó que la muerte de Llempi fue el resultado de una respuesta a un ataque armado, desestimando así cualquier acción dolosa por parte del uniformado. Los hechos ocurrieron en un contexto de tensión en la provincia de Arauco, donde se había declarado un Estado de Excepción, intensificando los conflictos entre las fuerzas del orden y las comunidades indígenas.

La Fiscalía había señalado al cabo segundo Ricardo Seguel como el autor del disparo que terminó con la vida de Llempi, arriesgando una pena de hasta 15 años de cárcel. Sin embargo, la falta de pruebas contundentes en el juicio condujo a la absolución. La defensa argumentó que no se pudo verificar si la bala que causó la muerte de Llempi provenía de su arma. Este vacío probatorio ha dejado muchas interrogantes sin respuesta.

El abogado defensor, Sergio Contreras, criticó duramente la investigación de la Fiscalía, acusando falta de imparcialidad y de investigación adecuada en el caso. Destacó que no se identificaron a los tiradores que dispararon contra los infantes de marina, lo que podría haber cambiado el rumbo del juicio.

Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se había presentado como querellante, solicitando sanciones más severas que las propuestas por la Fiscalía. Sin embargo, su papel también fue cuestionado, ya que Contreras mencionó que no aportaron datos relevantes al caso. Carolina Chang, directora del INDH en la región del Bío Bío, defendió la labor del organismo, asegurando que se actuó conforme a lo demandado por la situación.

La sentencia absolutoria se entregará oficialmente el 8 de enero, y tanto la Fiscalía como el INDH están preparados para evaluar la posibilidad de interponer un recurso de nulidad. Este caso no solo abre un debate sobre el uso de la fuerza en contextos de protesta social, sino que además plantea serias preguntas sobre la justicia en situaciones que involucran a comunidades indígenas.

La absolución del cabo Seguel ha generado un sismo en la opinión pública y ha reavivado el clamor por justicia en el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, que desde hace décadas pide reconocimiento y respeto por sus derechos. ¿Qué sucederá a continuación? La mirada está puesta en las decisiones que tomarán los organismos involucrados.