En un fallo histórico, la comunidad mapuche Coihuín de Compu y la forestal Golden Spring han sido condenadas a pagar la mayor multa por tala de bosque nativo en la historia de Chile, ascendiendo a $22.450 millones. Esta decisión se deriva de una larga lucha para proteger el bosque nativo que se ha extendido por más de 30 años.

Los problemas comenzaron en octubre de 1993, cuando la empresa asiática Golden Spring adquirió 23,891 hectáreas en Chiloé por USD $4.5 millones y planeaba llevar a cabo una tala masiva. Aunque, bajo la presión de las comunidades indígenas y protestas, desistieron temporalmente de sus planes en 1995, la tala de árboles nativos continuó en el área durante las siguientes dos décadas.

Entre 2014 y 2018, la comunidad Coihuín de Compu extrajo alrededor de 249,000 metros cúbicos de madera nativa sin un plan de manejo adecuado. Estas acciones fueron documentadas por el Juzgado de Policía Local de Castro, que determinó que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) había constatado esta actividad a través de imágenes satelitales.

La magnitud de la explotación comenzó a ser alarmante. En total, más de 1,050 hectáreas fueron severamente degradadas, lo que afectó no solo la biodiversidad, perjudicando especies nativas, sino también el equilibrio ecológico de la región. La tala permitió la extracción de especies como luma, coihue y canelo, que son vitales para el medio ambiente.

El cacique Américo Lincomán Llaitureo admitió la explotación mientras la comunidad reclamaba derechos sobre la tierra. Sin embargo, defendió la actividad argumentando que estaban limpiando madera muerta tras incendios forestales. Las declaraciones de Lincomán generaron controversia, ya que los informes de Conaf indicaron que la mayor parte de la madera extraída provenía de bosques vírgenes, no de áreas quemadas.

Esta condena es considerada un hito, no solo por la magnitud de la multa, sino también porque expone la falta de regulación y control en la explotación de los recursos naturales. Según Miguel Leiva, director de Conaf en la región de Los Lagos, esta multa es retrato de una problemática más profunda en la gestión forestal del país.

La situación también plantea interrogantes sobre la responsabilidad compartida. La comunidad y la empresa deben afrontar la sanción de manera conjunta, algo que podría tener repercusiones en el futuro de las relaciones entre empresas forestales y comunidades indígenas.

En el contexto del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, esta decisión judicial no solo representa justicia para la comunidad Coihuín de Compu, sino que también subraya la urgente necesidad de proteger los ecosistemas nativos en toda la región. El impacto de la tala ilegal de bosques es un llamado a la acción para fortalecer las regulaciones ambientales y asegurar un futuro sostenible para Chile.