El Impactante Fallo de la Corte de Apelaciones

La Corte de Apelaciones de Rancagua ha tomado una decisión crucial en un caso que ha conmocionado a Chile. Han aprobado la solicitud del Ministerio Público para extraditar a Wacris Ricardo Cabarcas Piña, un ciudadano venezolano señalado como líder de una peligrosa facción del Tren de Aragua, culpable de secuestro agravado extorsivo, asociación criminal y otros crímenes horribles. Estos delitos se registraron en febrero de 2024 en la comuna de Las Cabras.

Las Implicaciones del Tratado de Extradición

El tribunal, conformado por el ministro Michel González, la fiscal judicial Andrea Alfaro de la Fuente y la abogada Paloma Valenzuela, ha emitido un fallo unánime, confirmando que el caso se ajusta a los requisitos del Tratado de Extradición entre Chile y Perú, firmado en 1932. Este acuerdo estipula que ambos países colaborarán en la entrega de delincuentes, asegurando que sean llevados ante la justicia.

Cabarcas Piña, Tras las Rejas en Lima

Según las autoridades, Cabarcas Piña se encuentra actualmente detenido en Lima, Perú, donde cumple prisión tras la confirmación de Interpol. La resolución del tribunal afirma que el imputado está bajo restricción de libertad en la capital peruana.

Delitos de Alta Gravedad

El tribunal subrayó que los cargos están bien fundamentados y superan la penalidad mínima necesaria para la extradición. Entre los delitos figuran el secuestro agravado extorsivo y el robo con violencia, con penas que comienzan desde cinco años y un día de prisión. La gravedad de estos crímenes resalta el nivel de riesgo que representan estas organizaciones criminales.

Gestiones Diplomáticas en Curso

La Corte ha dispuesto notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que inicie de inmediato las gestiones diplomáticas necesarias para facilitar la extradición y la detención previa del acusado. Esta es una medida fundamental para garantizar que se haga justicia por el secuestro y otros delitos.

La Importancia de Actuar Rápidamente

Cabarcas Piña fue formalizado el 21 de abril de 2025 en Peumo, y la resolución resalta que Chile tiene jurisdicción para juzgar los delitos cometidos en su territorio. Este fallo no solo es un paso hacia la justicia para las víctimas, sino que también envía un mensaje claro sobre el compromiso de las autoridades chilenas para combatir el crimen organizado.

El caso destaca la necesidad de cooperación internacional para enfrentar el creciente problema del crimen organizado en la región y protege a la sociedad de estas amenazas.