En una decisión contundente, la Corte de Apelaciones de Santiago ha rechazado un recurso de casación presentado por Clínica Las Condes (CLC), que buscaba revertir una sentencia anterior en su contra. La clínica había solicitado una indemnización colosal que superaba los $37 mil millones, argumentando que las medidas tomadas por el Estado durante la pandemia, desde 2020 hasta 2021, bajo el estado de excepción, habían causado graves perjuicios económicos a su operación.

Este fallo llega como una confirmación de las decisiones previas de la justicia, que ya había desestimado en su totalidad la demanda de CLC. Un comunicado emitido por la clínica, dirigido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), precisó que “la Corte desestimó los recursos de casación en la forma y de apelación interpuestos.”

La clínica sostenía que las políticas implementadas por el gobierno durante la crisis sanitaria les habían ocasionado pérdidas significativas. Sin embargo, tanto el tribunal de primera instancia como la Corte de Apelaciones no encontraron mérito en esos argumentos, dejando a CLC sin la compensación esperada.

Además, este rechazo ha llevado a la clínica a considerar una nueva estrategia legal. En su comunicado, CLC mencionó que está “canalizando la interposición de recursos en contra del fallo de la Corte de Apelaciones”, lo que podría incluir apelaciones a instancias judiciales superiores, según lo que determine su análisis interno.

Este revés no es solo un golpe para la Clínica Las Condes, sino que también pone en relieve la complicada relación entre las instituciones de salud privadas y el Estado durante la pandemia. Mientras muchas clínicas y hospitales enfrentaron desafíos sin precedentes, la falta de reconocimiento de las pérdidas económicas por parte de los tribunales podría abrir un debate mayor sobre la responsabilidad del Estado en situaciones de emergencia sanitaria.

Hasta el momento, la clínica no ha dado detalles sobre qué tipo de recursos adicionales podrían ser presentados, pero los aficionados al drama legal en el país están atentos a los próximos movimientos en este caso que podría sentar precedentes en la esfera del derecho sanitario en Chile.