Introducción

En un giro inesperado en el ámbito gubernamental, la Corte de Apelaciones de Santiago ha intervenido en un caso que podría tener profundas implicancias para el sector público. La Corte decidirá sobre un recurso de protección presentado por un funcionario de la Subsecretaría de Defensa, que alega que ha sido víctima de una decisión injusta por parte del subsecretario Ricardo Montero Allende.

Orden de no innovar

De acuerdo con información filtrada, la Quinta Sala de este tribunal decidió conceder una orden de no innovar, lo que significa que detiene de manera inmediata el efecto de la resolución del subsecretario que buscaba modificar la condición laboral del funcionario afectado. Este cambio incluía la rebaja de su grado en la escala salarial, lo que impactaría directamente en su remuneración.

Antigüedad y confianza legítima

El funcionario en cuestión ha estado trabajando en la Subsecretaría de Defensa por más de 12 años y ha renovado su contrato anualmente desde el 13 de diciembre de 2013. Según su representación legal, encabezada por el abogado Ángel Riquelme, existe un argumento sólido de ‘confianza legítima’ debido a su antigüedad y las numerosas evaluaciones positivas en su expediente.

Fundamentos legales

En un documento de 26 páginas, se argumenta que la decisión tomada por Montero no solo es inexplicable, sino que también carece de fundamentos legales y razonables. Se expone que el cambio de división, que llevó al funcionario de la División de Relaciones Internacionales a la División de Desarrollo Tecnológico e Industria, se realizó sin advertencias ni explicaciones adecuadas, lo cual resulta en una grave violación de los derechos laborales.

Violaciones al debido proceso

El abogado Riquelme reclama que la acción administrativa del subsecretario contraviene normas esenciales del Estatuto Administrativo y de las leyes sobre procedimientos administrativos que rigen las decisiones gubernamentales. La presentación legal menciona que el subsecretario no tiene autoridad para realizar tal degradación sin un justificación legal apropiada, lo que desvirtúa los derechos del funcionario al debido proceso y a la igualdad ante la ley.

Impacto en la salud mental

Además, se menciona que la decisión ha tenido un efecto devastador en la salud mental del funcionario, quien ha enfrentado problemas de ansiedad y depresión a raíz de esta situación. Se argumenta que el estrés y el acoso laboral por parte de sus superiores han exacerbado su condición, haciendo que la situación sea aún más insostenible.

Falta de transparencia

El abogado también señala que esta no es la primera vez que se habla de falta de transparencia y arbitrariedad en las decisiones dentro de la Subsecretaría de Defensa. Este incidente podría ser un reflejo de problemas más profundos que afectan la confianza de los empleados en el sistema administrativo del país.

Revisión necesaria

Por lo tanto, el recurso presentado no solo busca restablecer el grado y derechos del funcionario, sino también resaltar la necesidad de una revisión más exhaustiva sobre cómo se toman decisiones dentro de la función pública, especialmente en tiempos donde la confianza y la moral de los trabajadores son cruciales para el funcionamiento eficaz del Estado.

Expectativas de la Corte

A medida que la Corte avanza en su revisión del caso, la atención se centra en si se establecerán precedentes que puedan proteger los derechos de otros funcionarios en situaciones similares. Este caso podría no solo determinar el futuro del funcionario afectado, sino también influir en la forma en que se gestionan las relaciones laborales en el Gobierno.