La Corte de Apelaciones de Santiago ha tomado una decisión contundente al rechazar los recursos de nulidad en el juicio que llevó a la absolución del excarabinero Claudio Crespo. La resolución, que se extiende a lo largo de 85 páginas, fue emitida por la Segunda Sala del tribunal, conformada por las ministras Mireya Eugenia López y María Paula Merino.

Los recursos de nulidad fueron interpuestos por varias entidades, incluyendo el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes cuestionaron la forma en que se valoraron las pruebas en el juicio oral. Sin embargo, la Corte dejó en claro que la decisión de absolver a Crespo se basó en una duda razonable, lo que impidió que se llegara a una condena.

“Casi la totalidad de los recursos cuestionaron la valoración que la sentencia hizo de la prueba ofrecida en el juicio oral. El tribunal decidió absolver porque la prueba generó una duda razonable que le impidió adquirir la convicción necesaria para condenar”, señaló el documento de la Corte.

La Corte de Apelaciones enfatizó que su revisión era un control para evaluar la nulidad y no para valorar los méritos del caso. Confirmaron que no se infringieron las reglas de la sana crítica y que se ponderaron adecuadamente las pruebas presentadas.

Cabe recordar que en junio, el 2º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago había absuelto a Claudio Fernando Crespo Guzmán de varias acusaciones, que incluían apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y detención ilegal. Estos hechos habrían ocurrido en la madrugada del 30 de marzo de 2018 en Huechuraba, durante su labor como comisario de la 40ª Comisaría de Fuerzas Especiales de Carabineros, en medio de protestas por el llamado "día del joven combatiente".

Este fallo no solo aclara la situación legal de Crespo, sino que también reabre el debate sobre la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en situaciones de protesta. La comunidad y diversas organizaciones están atentas a las repercusiones que esta decisión tendrá en la percepción pública sobre la justicia en Chile y el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Mientras tanto, los cuestionamientos siguen sobre si el Estado está haciendo lo suficiente para proteger los derechos humanos en contextos de agitación social. La lucha por justicia sigue viva y las próximas elecciones podrían ser un factor determinante en la dirección de estas discusiones.